Los sindicatos alertan del desencuentro Gobierno-VW
El Gobierno y Volkswagen “practicamente no tienen ningún contacto”, aseguró ayer Rafael Guerrero, representante de CCOO en Seat Martorell a la salida de la reunión con Industria. La Comisión de seguimiento de las inversiones de Volkswagen en España celebraba ayer su primera reunión técnica tras su creación el pasado 13 de octubre.
Esta Comisión se puso en marcha para asegurar que los 4.200 millones de euros de inversión comprometidos por Volkswagen se llevarán a cabo. Tras descubrirse que la automovilística instaló un software que manipula las emisiones de gases contaminantes para pasar los controles medioambientales, la empresa aseguró que paralizaría todas las inversiones que no fueran estrictamente necesarias, de cara a hacer frente a los costes de los arreglos de los vehículos.
Sin embargo, los sindicatos se mostraron preocupados tras este encuentro presidido por la secretaria de Estado de Industria, Begoña Cristeto por el distanciamiento que detectan entre el Gobierno y el grupo Volkswagen. En la puerta, los representantes sindicales ya se quejaron de que la empresa no había sido invitada a esta reunión.
Así, el equipo de trabajo de la Comisión está formado por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por integrantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) y las comunidades autónomas con plantas VW (Cataluña y Navarra).
El responsable del sector del auto de CCOO, Joaquín Ferreira, apuntó que los sindicatos están “decepcionados” porque no haya portavoces de la dirección de Seat y Volkswagen. “Empezamos un poco disgustados”, ha advertido. El responsable de automoción de UGT, Mariano Cerezo, aseguró por su parte que el miércoles se había puesto en contacto con Volkswagen y un directivo le expresó su “extrañeza” porque no les hubieran comunicado la citada reunión.
Cruce de reproches
Cerezo sí confirmó, sin embargo, que el ministerio ha tomado nota del “reproche importante” realizado por la ausencia y se “ha comprometido a invitarles a la próxima reunión, que será en unas dos semanas”.
“Volkswagen está callada porque está muy enfadada con Industria”, apuntó Cerezo. Según el responsable de Automoción de UGT, “los palos de ciego que dió el ministerio al principio de la crisis han creado incertidumbre” y el hecho de que aún no se hayan comprometido las ayudas a la inversión por escrito “no facilita la relación”.“Al final, la incertidumbre revierte en el empleo”, afirmó.
Industria señaló, en un comunicado tras el encuentro, que “el Gobierno respalda con todas las herramientas que tiene en la mano el programa de inversiones que el grupo Volkswagen anunció en España, tanto en la fábrica de Navarra como en la de Martorell, para impulsar nuevos modelos”.
Así, “se ha informado de que el Gobierno ha puesto por escrito el compromiso de las ayudas del Industria para poder apoyar la innovación que llevan incorporados estos modelos”.
El responsable de Automoción de UGT afirmó que están garantizadas por escrito sólo las ayudas para la planta de Navarra pero que las de Seat están en el aire aún. El monto de la inversión comprometida en Seat es de 3.300 millones de euros.
Francia cuestiona el acuerdo sobre emisiones
Francia se ha desmarcado del acuerdo alcanzado el miércoles sobre las pruebas de homologación de los motores diésel, que permitirá superar en las pruebas en cartera en un 50% el límite de emisiones de NOx fijado en 80 miligramos por kilómetro. La ministra francesa de Medio Ambiente, Ségolène Royal, ha calificado el acuerdo como “insatisfactorio”. Y ha lamentado que la decisión se tomara en un foro tan opaco como el llamado comité técnico de vehículos a motor, en el que se sientan funcionarios de los ministerios de Industria. “Más allá de las negociaciones en los comités técnicos, una decisión de esta importancia debe discutirse y decidirse en una reunión de ministros, es decir, al nivel político”, ha reclamado Royal.
La posición de Francia pone en peligro un acuerdo aprobado con el voto favorable de 26 de los 28 países, entre ellos España. El ministerio español de Industria ha defendido la medida aprobada que ha descrito como “una posición equilibrada en la que ha combinado la necesidad de reducir las emisiones con la consolidación del liderazgo industrial de nuestro país”.
Industria ha evaluado hoy con los sindicatos el resultado de la reunión del miércoles en Bruselas. La cita ha relajado drásticamente la propuesta de la Comisión Europea sobre las nuevas pruebas de homologación. Bruselas sugería que se permitiera una desviación de 60% en relación con los resultados del laboratorio en la fase transitoria y del 20% en la definitiva. Los técnicos doblaron ambos umbrales hasta el 110% (o 168 miligramos por kilómetro) hasta 2019 y 50% (120 miligramos) a partir de entonces. España había defendido márgenes de desviación aún más elevados. Francia, que apoyó el acuerdo, intenta ahora revisarlo, presionada tal vez por su condición de anfitriona a final de año de la cumbre mundial del clima.
