Editorial

La hora de trabajar con criterio

El paquete de recortes y medidas de austeridad que el Gobierno impuso a los empleados públicos en 2012 ha sido revertido ya en buena parte, excepto en aspectos como el que se refiere a la ampliación de la jornada laboral. Hasta julio de 2012, la gran mayoría de este colectivo, tanto en comunidades autónomas como en grandes ayuntamientos, varias diputaciones y algunos organismos de la Administración General del Estado, había logrado pactar una jornada de 35 horas semanales. Un acuerdo que fue modificado por el Gobierno con el decreto que estableció los recortes e impuso una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales. Pese a que, de momento y como fruto de las conversaciones mantenidas con los sindicatos de la función pública, el Ejecutivo ha devuelto todos los días de libre disposición, ha acordado hacer lo mismo con la paga extra en la Administración General del Estado y ha autorizado que ello se lleve a cabo también en el resto de las administraciones, la recuperación de la antigua jornada laboral parece un tema descartado.

Los sindicatos aseguran que la postura del Ejecutivo es aparentemente muy firme. El motivo aducido, según estas fuentes, es que no queda tiempo suficiente para aprobar una norma que permita volver a la situación anterior, un extremo que los agentes sociales niegan. Pese a ello, los sindicatos creen que hay margen para insistir y lograr finalmente modificar esa postura.

Con un horizonte electoral por delante, es probable que tengan razón y que la presión por recuperar la jornada de 35 horas termine dando frutos. Si ello se produce, se tratará de una victoria para el colectivo de la función pública, pero también supondrá, en cierto modo, una forma de derrota. Los funcionarios han tenido que asumir un sacrificio importante durante los años de la crisis económica, un régimen de austeridad que les equiparó a otros colectivos de trabajadores, que asumieron también su parte de sacrificio. Ello permitió contrarrestar la imagen –no siempre positiva y con toda seguridad no siempre justa– que la opinión pública tiene de los funcionarios y empleados del sector. Una imagen derivada de unas condiciones laborales muy diferentes a las que imperan en el sector privado y que en ocasiones explican algunas de las ineficiencias y deficiencias que ciudadanos y empresas encuentran en el trato con la Administración.

Tras esa purga de duros recortes, los empleados del sector público han ganado en productividad y en sobriedad. Se trata de dos características que deberían estar siempre presentes en la actividad profesional de todo ciudadano, pero que resultan especialmente relevantes cuando hablamos de un país inmerso en un proceso de recuperación. Una coyuntura que exige de todos, tanto de empleados públicos como de privados, trabajar mejor.

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