Por qué VW no tiene casi nada que temer en Bruselas
El nuevo consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, se reunió ayer en Bruselas con la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska. La cita, según fuentes europeas, apenas sirvió para que la comisaria recibiera algunos datos de primera mano sobre el alcance y la extensión del fraude cometido por VW. Pero el departamento de Bienkowska se apresuró a restar importancia al encuentro y subrayar que “no se trataba de llegar a ninguna conclusión”.
Müller ya sabía de antemano que podía acudir con tranquilidad a la cita porque no tiene casi nada que temer en Bruselas por el fraude de las emisiones. La Comisión Europea no puede sancionar a una compañía por ese tipo de infracción, pues la directiva sobre homologación de motores atribuye esa potestad a las autoridades nacionales.
Bruselas solo podría expedientar al país donde se hayan homologado los motores trucados. Pero tratándose, previsiblemente, de Alemania, el organismo europeo prefiere andarse con pies de plomo antes de provocar un choque con el Gobierno de Angela Merkel.
Bruselas no ha olvidado la feroz campaña de lobby emprendida por Berlín, en la que llegó a involucrarse hasta la canciller, cuando hace dos años se tramitaba la nueva directiva sobre emisiones de CO2 para vehículos. Alemania, temerosa del impacto en su industria del acuerdo alcanzado (limitar las emisiones a 95 gramos de CO2 por kilómetro en 2020), no dudó en reabrir la negociación para abortar ese acuerdo y prolongar el plazo de adaptación.
La presión de Berlín causó estupor entre el resto de países. “Nunca habíamos visto una cosa así, que un acuerdo se reabriese después de adoptado”, recuerda una fuente diplomática que participó en la refriega.
Por si acaso, Bruselas no se ha arriesgado a soliviantar de nuevo a Berlín. Tras estallar el escándalo (18 de septiembre), la CE se puso de perfil y achacó toda responsabilidad a las autoridades nacionales, encargadas de vigilar a los organismos de homologación de los motores.
Bruselas aprovechó esa coartada para escabullise durante casi una semana. Y solo cuando el escándalo alcanzó dimensiones incontrolables, la comisaria Bienkowska emitió un comunicado (24 de septiembre) en el que no se dirigía a Berlín sino a todas las capitales europeas, como si el fraude no fuera solo cosa de una compañía.
La compañía de Müller se ha librado así, por ahora, de ser estigmatizada en la capital comunitaria. Y la estrategia para convertir el caso Volkswagen en un problema de toda la industria europea continuará mañana en Luxemburgo, donde se celebra el Consejo de Ministros de Competitividad de la UE (al que asiste el titular español de Industria, José Manuel Soria).
Bruselas diluye así la responsabilidad de Alemania. Y, de momento, la CE ni siquiera se plantea expedientar a ese país por su presunto incumplimiento de la directiva sobre homologación, que obliga a las autoridades a velar por el rigor de las pruebas. En la capital europea no falta quien se pregunta si la Comisión hubiera sido tan comprensiva si el fraude lo hubiera cometido una compañía de otra nacionalidad.
Precedentes
En la Comisión se niega que haya trato de favor hacia VW. Y se insiste en que “la prioridad es llegar hasta el fondo de lo ocurrido, porque no queremos precipitarnos”. La CE puede invocar como prueba de su dureza frente a la empresa alemana las sanciones que le impuso hace 15 años (una de ellas de casi 100 millones de euros) por impedir que sus concesionarios en Italia reexportasen vehículos de la marca hacia países con precios más altos como Alemania.
Pero quienes acusan a Bruselas de pasividad pueden esgrimir la parsimonia con que la legislación europea exige la reducción de emisiones (en el caso concreto del NOx del fraude, el límite es todavía de 80 gramos por kilómetro frente a 50 gramos en EE UU), como consecuencia, en gran parte, de la resistencia del Gobierno alemán.
La CE también toleró durante años el blindaje accionarial de Volkswagen (donde el land de Baja Sajonia se reservaba el derecho de veto). Bruselas no presentó denuncia ante el Tribunal de la UE hasta 2004, años después de atacar las acciones de oro en España, Portugal e Italia.
