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Columna
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La loca justicia de EE UU

La multa impuesta a General Motors parece quedarse en nada al lado de la pena infligida a un ejecutivo de una empresa alimentaria. El fabricante de automóviles estadounidense pagará 900 millones de dólares (unos 807 millones de euros) por unos sistemas de ignición defectuosos. El antiguo propietario de la Peanut Corporation of America fue condenado esta semana a 28 años de prisión por encubrir un brote de salmonella que provocó nueve muertes.

Las pruebas presentadas contra GM eran condenatorias. Según un informe interno la empresa sabía de los fallos desde hace más de una década, pero no lanzó una retirada del mercado hasta el año pasado. Más de 120 personas murieron a consecuencia del problema.

Pero la conducta criminal suele ser difícil de probar. La intención y la duda razonable pueden hacer descarrilar incluso los casos más fuertes. Eso es especialmente cierto cuando las sofisticadas corporaciones sospechosas dicen que solo seguían el consejo de abogados, contables y otros expertos. GM fue lo suficientemente astuto para cooperar con el gobierno, lo que llevó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido y una multa corporativa incluso más baja que los 1.200 millones de dólares que Toyota pagó el año pasado por defectos que llevaron a un menor número de muertes.

Por otro lado, las huellas dactilares del magnate de los frutos secos Stewart Parnell, por otro lado, estaban por todas partes en el encubrimiento de su compañía. Él y su hermano crearon certificados falsos que atestiguaban la pureza de sus productos, según los fiscales. Su conspiración llevó a una de las mayores retiradas de alimentos en la historia de Estados Unidos. También aseguraron hasta el fin de que no sabían que los productos no eran seguros.

Comparar ambos casos es difícil y puede ser imposible medir el efecto de los bolsillos de GM, su nombre y su ejército de abogados. Sin embargo, se puede afirmar que la empresa llegó a un acuerdo favorable. El precio de mirar los dos resultados puede conllevar una pérdida de fe en la imparcialidad de la justicia estadounidense.

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