El Foco

Las políticas activas de empleo, en caída

El Plan Anual de Políticas de Empleo 2015, elaborado por el Gobierno de España, establece una dotación presupuestaria para el conjunto de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT) de 5.242 millones de euros, lo que supone una reducción del 30% (-2.123 millones en términos absolutos) con respecto a la cifra presupuestaria del comienzo de la presente legislatura en 2011.

Así, el peso presupuestario de las PAMT se ha reducido del 0,7% del PIB en 2011, al 0,4%, frente a países como Noruega, Dinamarca, Holanda, etc., con inversiones muy superiores a la nuestras (cuatro veces más), lo que nos indica que el plan anual de políticas de empleo 2015 es una mala noticia camuflada de falso optimismo.

No debemos olvidar que las PAMT están dirigidas fundamentalmente a generar dinámicas positivas que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo, a actualizar las habilidades de la mano de obra y, por lo tanto, la productividad que de ellas resulta, y a eliminar aquellas barreras y obstáculos que impiden que las personas discapacitadas, o en riesgo de exclusión puedan acceder al mercado de trabajo.

En definitiva, las PAMT más recientes no buscan solo fomentar el empleo a través de estimular la demanda de trabajo de las empresas, sino también incrementar la empleabilidad de los trabajadores y, por ende, de la productividad de la economía en su conjunto.

Por todo ello, no se entiende que pese a la alta tasa de paro se reduzca la dotación económica de las PAMT. Sobre todo porque desde los organismos internacionales, como el FMI, se nos advierte de que el paro no bajará del 16% hasta dentro de cinco años; y, además, destaca la necesidad de acabar con la dualidad del mercado laboral entre contratos temporales (25% del total, uno de los más altos de la Unión Europea) e indefinidos. Incluso el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmaba recientemente: “El paro se situará en el entorno del 20% a finales de 2016”.

Ante esta situación tan lamentable, el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados. Es su obligación promover medidas que aceleren la recuperación económica y activen mucho más el mercado del trabajo, pues solo una parte de los desequilibrios de nuestro mercado laboral se podrán solucionar con el crecimiento de la economía.

Por otro lado, el plan anual de políticas de empleo contiene grandes asimetrías, pues desvía fondos públicos a la partida destinada a financiar programas y servicios de orientación a través de las agencias de colocación (privadas) al aumentar en 110 millones de euros (275%). Es decir, de los 30 millones de euros destinados en 2014 se pasa a 140 en 2015. En lugar de subvencionar al sector privado, habría sido mucho más eficiente destinar dicho incremento a contratar nuevamente a los 3.000 orientadores-promotores, que desarrollaban su trabajo en la red de oficinas de empleo de todo el territorio español, y que en 2012 fueron datos de baja por el actual Gobierno, después de que habían sido contratados por primera vez, en 2008, para efectuar itinerarios de inserción personalizada y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. De este modo, se habría potenciado la eficacia de los servicios públicos de empleo.

Primero se les contrata para desarrollar tareas de atención personalizada a los diferentes colectivos de desempleados, después, con la excusa de los ajustes presupuestarios, se les despide y, al mismo tiempo, se decide que las mismas funciones sean realizadas por agencias de colocación privadas. Es evidente que la dirección del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) puede tomar la decisión de destinar fondos a las entidades privadas de colocación, pero cuando lo hace a costa de detraer dichos fondos de la propia actividad pública, deja al descubierto que dicha decisión responde más a intereses ideológicos que a las necesidades propias de la economía y del mercado de trabajo.

Todo ello, a pesar de que España invierte en atención directa a las personas que buscan empleo y a la gestión de las políticas activas del orden del 0,10% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea es el 0,23%, según Eurostat. En Francia gastan 20 veces más con un número de desempleados muy inferior al de nuestro país. Así, recientemente la agencia estadística comunitaria, Eurostat, comunicaba que en el conjunto de la UE la tasa de desempleo, en julio, se situaba en el 9,5%, frente al 22,2% de nuestro país.

Lo anterior contrasta con lo explicitado en el nuevo plan de empleo en el que se indica que “la articulación de un itinerario personalizado para el empleo se configura como un derecho para las personas desempleadas y una obligación para los servicios públicos de empleo. Dicha atención podrá prestarse de manera presencial, a través de las oficinas públicas de empleo y, en su caso, de las entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, o no presencial, a través del portal único de empleo y medios técnicos o tecnológicos dispuestos a tal efecto”. El presupuesto debe estar orientado a itinerarios de inserción y a mejorar la empleabilidad de las personas, y no a subvencionar al sector privado.

Nos esperan varios meses de campaña electoral que llevarán al Gobierno a prometer recetas mágicas para solucionar el problema que más preocupa a los españoles, el desempleo, y que por eso mismo, debería tratarse como el primer problema nacional. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el paro es la primera preocupación para el 78,8% de los ciudadanos y como tal debe de tratarse. Nos enfrentamos a una tragedia a nivel personal y familiar, que debe ser abordada como la prioridad absoluta de todas las agendas políticas. Esperemos que así sea.

Vicente Castelló Roselló es Profesor de la Universidad Jaume I y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.

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