Vuelven las bajas laborales voluntarias
La virulencia de la crisis económica y del empleo redujo notablemente la práctica absentista en el mercado de trabajo, tanto por temor a perder el empleo como por las restricciones normativas y la vigilancia inspectora, especialmente en el sector público. La política de rigor estricto practicada en algunas comunidades autónomas en los servicios que dispensan, con reducción de los pagos retributivos durante las bajas no justificadas e inspección para detectar el fraude, redujo notablemente el absentismo en el sector público. En el privado, comenzó a recogerse en los convenios colectivos una censura expresa a las actitudes absentistas, así como una reducción de los beneficios sociales, lo que llevó, junto con una autodisciplina en los colectivos que más la practicaban, a unos valores más razonables de la ausencia no justificada del trabajo.
En paralelo, la Administración central estableció límites más estrictos en las prestaciones por la bajas laborales, especialmente en el calendario de presentación de bajas y su justificación, que también ha contribuido a reducir estos comportamientos. Pero ya en 2015, primer año con fuerte crecimiento económico y del empleo tras la crisis, ha aflorado el recurso a la baja no justificada con carácter general, y podría replicarse en 2016 si se mantienen los ritmos de avance de PIB y ocupación. Con carácter preventivo, el presupuesto de la Seguridad Social establece una partida de gasto por incapacidad laboral de 5.400 millones de euros, con un avance del 9,1%, un incremento que no registra ninguna partida de gasto ligada a las prestaciones públicas.
El Gobierno admite que la mejora de la economía ha cambiado también las expectativas laborales, y el componente de precaución existente durante la crisis ante medidas disciplinarias por ausencia del trabajo no justificada se ha diluido poco a poco. Pero es un fenómeno en el que no se puede bajar la guardia, pues los cálculos más recientes apuntan a que supone un coste para las empresas y para la Seguridad Social de algo más de 9.000 millones de euros, casi un punto de PIB.
Una cosa es una baja por enfermedad o accidente laboral, que merece ser convenientemente atendida, y otra la ausencia por absentismo voluntario. Mientras que en el primer paso la gestión ha mejorado considerablemente con la entrada de las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales en los procesos de rehabilitación, en el segundo solo cabe inspección y sanción como única prescripción para cambiar este tipo de comportamientos. Independientemente del coste que para la sociedad y las empresas tiene, es de todo punto censurable por amoral, cuando alrededor de cada absentista hay decenas de personas de absentismo obligado por la falta de empleo y que mayoritariamente no disponen de prestación económica alguna.