Desestima sus recursos

El juez mantiene imputados a siete exconsejeros de Caja Madrid por las tarjetas B

La Audiencia Nacional mantiene la imputación a siete exconsejeros de Caja Madrid que utilizaron las tarjetas opacas, confirmando así el auto del juez Fernando Andreu del pasado 28 de enero que les citaba como imputados por delitos de administración desleal y/o apropiación indebida.

Con esta decisión, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestiman los recursos presentados por los exconsejeros Rodolfo Benito, Juan Iranzo, Gonzalo Martín Pascual, José Acosta, Fernando Serrano, Antonio Rey de Viñas y Antonio Cámara.

En los autos de hoy, los magistrados rechazan los argumentos de Rodolfo Benito, antiguo miembro del consejo de administración de Caja Madrid en representación de CC OO, que pedía su desimputación alegando en su escrito vulneración de su derecho a la defensa.

Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que la imputación por delito de administración desleal es “por el momento, lógica y coherente” al igual que para el resto de miembros del consejo de administración de Caja Madrid.

Es más, los jueces sostienen que “ninguna indefensión se le causa con su llamada al proceso en calidad de imputado”, sino todo lo contrario, pues si se “practicaran diligencias de investigación sin su participación” entonces sí se vulneraría ese derecho.

Rodolfo Benito, que gastó 140.600 euros con su visa opaca, era “perfecto conocedor” de que las tarjetas no tenían reflejo “ni en la nómina ni en el certificado de retenciones que anualmente se le entregaba a efectos fiscales” y que la AET no sabía de su existencia, afirman los magistrados.

Lo mismo argumentan para el escrito de petición de desimputación del exconsejero Fernando Serrano Antón, exvocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid y quien gastó 78.500 euros con su tarjeta opaca de Caja Madrid.

Los magistrados aseguran en el texto que, sin perjuicio del resultado final de la investigación, su imputación “supone una garantía para él mismo al darle entrada en el procedimiento permitiéndole el derecho de defensa”.

En cuanto a las alegaciones del exconsejero de Red Eléctrica Juan Iranzo (46.800 euros), los magistrados de la Audiencia Nacional contestan que “no puede recurrir quien no sufre perjuicio” y que “difícilmente” puede el juez “verificar calificación alguna de la persona denunciada, ni responsabilidad de la misma sin haberla podido oír primero”.

Por lo que la imputación es “garantista” y añaden que “todos están obligados a comparecer al llamamiento judicial a declarar, excepto el Rey y la Reina, el príncipe heredero y los regentes del reino”.

El auto recuerda que “tal denominación no constituye imputación formal ni definitiva”, hasta dictar el juez instructor del caso, Fernando Andreu, el auto de apertura de juicio oral.

Además, mantienen como imputados al exconsejero representante de CC OO en Caja Madrid Antonio Rey de Viñas (191.500); al exdiputado socialista José Acosta (62.300 euros); al exsecretario de UGT Madrid Gonzalo Martín Pascual (129.700); y al miembro de la comisión nombrado a propuesta del PP Antonio Cámara (178.000).

En un principio, el pasado 28 de enero, Andreu decidió imputar a todos los beneficiarios de las tarjetas opacas que cargaron 15,5 millones de euros en algo más de una década, pero en la actualidad mantiene imputados a 55 de los 81 usuarios.

Entre ellos, los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ya que el pasado 8 de junio archivó el procedimiento contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno y otros once antiguos directivos de Caja Madrid, y previamente otros catorce beneficiarios por prescripción. 

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