Editorial

En defensa de la competencia

La multa récord de 40 millones de euros impuesta por Competencia a la red de concesionarios de vehículos del grupo Volkswagen en España, por realizar acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales e intercambiar información comercial sensible, es toda una llamada de atención. Del rigor aplicado por la CNMC da idea que la sanción atienda a un porcentaje del total de los ingresos de cada concesionario, y no solo a la facturación obtenida con malas prácticas. La elevada multa, que se suma a otras de menor cuantía ya infligidas a los concesionarios de Opel, Toyota, Hyundai y Land Rover, desvela la existencia de prácticas de cártel, una infracción de carácter muy grave, pero más porque se han realizado en un sector mimado por apoyos públicos. Esa es la razón por la que, antes que nada, se debe separar el trigo de la paja y no extender la nube de sospecha sobre todo el sector, pero a la vez es imprescindible extremar los controles. La macrosanción al centenar largo de concesionarios abanderados del grupo Volkswagen incluye la aparente paradoja de que el expediente se inició a instancias de Seat, una de sus enseñas. Ello, además de librar de castigo a los concesionarios filiales del grupo, es una muestra de cómo el sistema de clemencia es eficaz en la lucha contra las prácticas anticompetitivas.

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