Dos altos cargos de Madrid y Murcia, citados como imputados

El caso Púnica irrumpe en los pactos en Madrid y Murcia

Esperanza Aguirre, abraza a Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre, abraza a Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid

El escenario electoral que surgió de Madrid tras el 24M mostraba como la alcaldía sería para Manuela Carmena, de Ahora Madrid, y la Comunidad para Cristina Cifuentes, del PP, con el apoyo de Ciudadanos. La formación dirigida por Albert Rivera siempre había exigido al PP la firma de un pacto anticorrupción en el que se comprometiera a expulsar de sus listas a los imputados por casos de corrupción. Sobre Alvaro Ballarín, número siete de la lista de Cifuentes, pesaba una acusación por un caso de corrupción y fue desimputado la semana pasada. “Este tema no huele muy bien y me genera bastante incertidumbre”, apuntó el candidato de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado el lunes.

Unas reticencias que se multiplicaron el martes con la nueva irrupción del caso Púnica, una tráma de corrupción dirigida por Francisco Granados, secretario general del PP entre 2004 y 2011 y actualmente en prisión, y que provocó el arresto de seis alcaldes y el presidente de la Diputación de León en primera instancia. El juez de la la Audiencia Nacional Eloy Velasco citó a declarar en calidad de imputados para el próximo 26 de junio al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y a la consejera de Educación, Lucía Figar, por delitos de corrupción en el marco de la causa en la que se investigan las “redes clientelares de tráfico de influencias” entre la red Púnica con la Administración Pública, informaron fuentes jurídicas. También fue llamado a declarar el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, el próximo 22 de junio.

Unas citaciones que hicieron saltar por los aires el principio de acuerdo entre PPy Ciudadanos para la investidura de presidentes en Madrid y Murcia. Fue la propia Cristina Cifuentes la que reconoció ayer que la imputación de ambos altos cargos “era una mala noticia”, aunque recordó que no forman parte de la lista electoral que ella encabeza. “Mi responsabilidad se tiene que circunscribir a aquella lista electoral que yo encabezo y al grupo de diputados que yo lidero”, dijo Cifuentes tratando de desmarcarse del equipo de su antecesor. De hecho apuntó que todos los diputados electos del futuro grupo parlamentario del PP han firmado un código ético que supone un compromiso contra la corrupción y a favor de la regeneración política y la transparencia. Explicaciones que no parecieron convencer a Ciudadanos, quién marcó distancias con los populares al presentar las exigencias en materia de regeneración para apoyar la investidura de cualquier candidato.

El Código Ético fija que serán causas de renuncia voluntaria del acta ser imputado o investigado formalmente por un delito de corrupción o por delitos que por su gravedad causen especial alarma social; ser condenado por delito con anterioridad a la proclamación como candidato o pertenecer a una organización entramado societario o sociedad relacionada con el fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos económicos, corrupción o cualquier otro delito con la administración pública.

El consejero murciano presentó su dimisión por la tarde

La imputación de los altos cargos del PPfue aprovechada por Podemos y PSOE para condicionar el apoyo de Ciudadanos a los populares. El futuro portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López Rodrigo, consideró que Ciudadanos (C’s) tiene que pensar en un contexto de “imputaciones permanentes” en el PP a la hora de apoyar un futuro Gobierno. El presidente de la gestora que dirige el Partido Socialista de Madrid, Rafael Simancas, dijo que las nuevas imputaciones “son el broche definitivo a más de 20 años de gobierno de la derecha marcados fundamentalmente por la corrupción”.

La situación en Murcia parece más cerca de reconducirse para los intereses populares. El consejero de Industria presentó su dimisión, pese a lo que defendió su inocencia y declaró desconocer los que se le imputan. “Si hubiéramos sacado los 45 diputados de la Asamblea Regional hubiera hecho lo mismo”, apuntó.

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