CaixaBank plantea un nuevo ajuste para 750 empleados
El banco ha detectado excedentes de personal en Andalucía, Canarias, Navarra y Burgos Combinará el ERE con prejubilaciones y contrataciones de jóvenes
CaixaBank ha planteado este lunes a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 750 personas con el objetivo de realizar un ajuste territorial del personal, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
La entidad financiera no ha concretado su propuesta de medidas para solventar este excedente de plantilla más allá de que son necesarias acciones de movilidad geográfica y modificaciones de las condiciones laborales, pero se ha constituido una mesa de negociación con un periodo de consultas previas que finalizará el 28 de mayo, mientras que el día 29 se abrirá la mesa para negociar el ERE, según las mismas fuentes.
La entidad financiera tiene detectados excedentes de personal en Andalucía, Canarias, Navarra y Burgos, territorios de origen de la absorbida Banca Cívica, mientras presenta déficit de personal en Cataluña y Baleares.
Fuentes de CaixaBank señalaron a Europa Press la semana pasada -cuando se convocó el encuentro de este lunes con los sindicatos- que harían propuestas “que permitan adaptar la plantilla a las necesidades del negocio en cada territorio y solventar los desequilibrios de personal que se han producido en algunas zonas geográficas”.
Las estimaciones iniciales apuntaban que el ERE afectaría tan solo a 500 trabajadores.
La intención del banco, que emitió la convocatoria de reunión el jueves, el mismo día en que formalizó la absorción de Barclays Bank SAU, es mantener su política de buscar un acuerdo que evite salidas forzosas de trabajadores.
CaixaBank cuenta con casi 33.600 empleados, y actualmente tiene en marcha un plan de prejubilaciones a partir de 58 años y nuevas contrataciones para crear 700 puestos de trabajo en 2015, acordado con los sindicatos en julio de 2014.
CC OO ha reivindicado que se debe dar continuidad en los próximos años a los procesos de prejubilaciones y nuevas contrataciones; que la movilidad debe ser voluntaria y no exceder los 25 kilómetros de distancia; que cualquier ERE debe ser voluntario y servir para acelerar el retorno de personas trasladadas a otros territorios, y que no aceptará medidas de ajuste salarial.
