Editorial

Lupa fiscal sobre el patrimonio externo

Los españoles que tienen bienes fuera de España contabilizan nada menos que 124.500 millones de euros, un 12% del producto interior bruto, según los datos actualizados de la última declaración de bienes en el extranjero, que desde 2013 cumplimentan un total de 195.700 contribuyentes. Este mecanismo creado como instrumento complementario de la criticada amnistía fiscal planteada en el año 2012 por el Gobierno es una inagotable fuente de información patrimonial para la Hacienda pública, aunque la localización fuera de las fronteras de tal patrimonio sea escrupulosamente legal. Suiza tiene en sus bancos nada menos que 20.000 millones de euros de ciudadanos españoles, contabilizando activos financieros y cuentas bancarias, mientras que Andorra tiene cerca de 4.000 millones de euros. Más allá de las consideraciones de censura que merezca tal hecho, sobre todo si se trata de sujetos fiscales con proyección pública, Hacienda debe estrechar la vigilancia sobre todos y cada uno de los movimientos de tales patrimonios y obtener los réditos fiscales que sean exigibles allí o aquí cuando sean repatriados, además de llevar hasta sus consecuencias últimas la investigación sobre el origen de tales patrimonios cuando exista la más mínima sospecha de ilegalidad.

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