El supervisor descarta un expediente por los créditos fiscales
El mercado y el sector financiero descartan que la investigación iniciada por la Comisión Europea (CE) sobre los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) finalice en la apertura de un expediente. Ese es el mensaje que ha lanzado en los últimos días tanto el Banco de España, Economía, como el BCE a las entidades españolas tras las consultas realizadas por el sector. En juego están más de 40.000 millones de euros en capital en la banca española.
Los consejeros delegados de Banco Santander, Caixabank y Bankia negaron ayer estar “preocupados” por la investigación iniciada por la Comisión Europea (CE) sobre los activos fiscales diferidos. Recuerdan que están recogidos en las normas europeas de Basilea y reivindican que la reforma del Gobierno realizada a finales de 2013 cumple con los condicionantes para que los avales a estos activos no se consideren como ayudas de Estado.
La opinión de los máximos responsables del sector financiero español está respaldada por los supervisores tanto europeos como españoles, quienes en los últimos días han comunicado a los bancos españoles (es el caso de las autoridades nacionales, ya que la investigación también se extienden a los bancos portugueses, italianos, griegos) que se descarta la apertura de un expediente penalizador al sector por la conversión en capital de unos 40.000 millones de euros de activos fiscales. Todas las fuentes consultadas aseguran que es lógico que la Comisión Europea, y más en concreto Competencia, abra una investigación para comprobar si los DTA constituyen o no una ayuda pública de Estado encubierta tras la presentación de quejas producida por la banca alemana y francesa, y sobre todo por la denuncia de algunos eurodiputados de izquierdas españoles.
Las mismas fuentes afirman que el debate sobre los DTA se inició a finales del pasado año, poco después de que se dieran a conocer los resultados de los test de estrés, en los que los bancos de Francia y Alemania (que no cuentan con activos fiscales diferidos) salieran menos favorecidos de lo que preveían a priori, y una vez iniciada en noviembre la supervisión única bancaria. Desde entonces se ha ido intensificando la necesidad de buscar en Europa la necesidad de una definición homogénea de capital, debate que está sobre la mesa desde entonces. “Pero no solo están sobre la mesa los DTA. Hay otras peculiaridades que también se están discutiendo, como son la influencia en el capital de las participaciones de seguros, o la inclusión o no de las plusvalías latentes de la deuda soberana en el capital. Lo que ha ocurrido ahora es que entre medias de este debate se ha cruzado la denuncia sobre si los DTA deben o no considerarse ayudas de Estado”, explican fuentes financieras.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2013 una reforma legal para convertir unos 40.000 millones de esos activos fiscales diferidos en créditos fiscales, que al contar con el aval del Estado, han podido computar como capital de máxima calidad.
José Antonio Álvarez (Santander), Gonzalo Gortázar (CaixaBank), José Sevilla (Bankia) y el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, coincidieron ayer en el XXII encuentro del sector financiero, organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC, en descartar a los DTA como ayudas públicas. Son completamente legales, cumplen todos los requisitos de capital y por lo tanto no se les puede considerar ayudas de Estado, explicaron. Sus declaraciones se producen un día después de que la Comisión Europea informase de que está recabando información para determinar si los citados avales, que además de en España se otorgaron en Grecia, Portugal e Italia, son ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aseguró a este respecto que aún “estamos en una fase muy preliminar” en la que no se sabe si habrá una investigación formal, por lo que no quiso especular sobre si va a recomendar al sector que eleve sus niveles de capital.
José Antonio Álvarez coincidió con Linde al negar “preocupación” por la investigación y afirmó que está aún es un proceso “muy embrionario”. Gonzalo Gortázar se mostró convencido de la legalidad de los avales bancarios, pues “están reflejados en la regulación bancaria de Basilea”, por lo que el tema “está claro”. Mientras que José Sevilla declaró que esta controversia no se debería utilizar como excusa para pedir a la banca más capital o aconsejar que se vuelva a limitar el dividendo. Añadió que “los criterios fiscales que se utilizan en otros países como Alemania, a la hora de reconocer los créditos fiscales son diferentes a España o Italia”, razón por la que consideró que el debate a medio y largo plazo debe ser cómo unificar la normativa fiscal para garantizar que las entidades tengan una norma igual. BFA-Bankia es el grupo español con más DTA, 7.000 millones en total. Sevilla cree que el procedimiento tiene un componente “más político que económico”.
La banca española considera que el crédito ha dejado de ser una preocupación ya para las empresas españolas. Todos coinciden en que a más tardar en el primer semestre de 2016 el saldo neto crediticio volverá a ser positivo tras la crisis, aunque su crecimiento será limitado. No más del 5% de aumento en los próximos años y solo para algunas entidades.
