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La faceta activista de Francia

El gobierno francés se está convirtiendo en un inversor de estilo activista en Renault –activismo para adelantarse por otros–. París está desembolsando hasta 1.200 millones de euros para aumentar temporalmente su participación en el fabricante de automóviles francés al 19,7%. Es una aplicación irónica de la ley Florange del año pasado –una controvertida reforma doméstica para proteger los intereses de los accionistas a largo plazo de los especuladores rapaces–.

La ley Florange estipula que los inversores que tienen acciones de una empresa durante al menos dos años reciben derechos de voto dobles, siempre que inscriban las acciones a su nombre. Un beneficiario clave es el Estado francés –en concreto, por su capacidad para mantener el control sobre varias grandes compañías como Renault en la que posee participaciones significativas–.

Las empresas solo pueden preservar el sistema de una acción, un voto si dos tercios de los accionistas están de acuerdo. Así, el Estado está comprando suficientes derechos de voto como para cortar esto de raíz: dando por descontada la baja asistencia habitual en las juntas de accionistas, no habrá suficiente apoyo para optar por quedarse fuera. París no está siendo muy sutil en su cortoplacismo interesado: ya ha dispuesto una opción de venta para deshacerse de las acciones adicionales después de que hagan su trabajo obstructivo, con una validez de seis meses.

Para Renault, las consecuencias directas de estas maniobras serán limitadas. Pese a la influencia del Estado, la empresa ha cambiado de forma sistemática su base de producción a países de bajo coste. El año pasado, las fábricas francesas representaron solo el 19% de su producción global, frente al 51% de hace una década.

Pero tales movimientos afectan a la reputación de Francia a ojos de los inversores externos. La medida para cambiar las mayorías en favor del gobierno sugiere una inclinación por el intervencionismo sin restricciones.

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