Cuatro frentes judiciales para Banco Madrid

Fachada del Banco Madrid, filial del banco andorrano Banca Privada de Andorra (BPA).EFE

En las tres semanas que han pasado desde que estallara el escándalo de blanqueo de capitales que rodea a su matriz, Banca Privada de Andorra, y al propio Banco Madrid, los frentes judiciales no paran de multiplicarse para la filial española. Al procedimiento concursal que instruye el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, la causa por blanqueo que estudia iniciar en breve la Fiscalía Anticorrupción y las demandas de empleados y clientes que ultima el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se le suma un cuarto.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al cargo ya de la investigación sobre la debacle de Bankia, estudia ahora si admitir a trámite las demandas de dos compañías clientes de la entidad que denuncian a Banco Madrid y a su dimitida cúpula de un delito de blanqueo de capitales. Prácticas que han derivado en la intervención e inicio de liquidación de la entidad para perjuicio de su clientela, sostienen los querellantes.

Así, además de demandar a la entidad jurídica, las querellas señalan directamente a José Pérez, expresidente de Banco Madrid y antiguo director de inspección del Banco de España; al exconsejero delegado de la firma española y de BPA, Joan Pau Miquel, actualmente en prisión en Andorra; a los dueños del grupo BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco; a la exconsejera del banco Soledad Nuñez, que fue directora general del Tesoro y una de las responsables de aprobar la venta de Banco Madrid a BPA en 2011; al exconsejero Ricard Climent, así como al exsecretario del consejo de administración, Rodrigo Achirica.

Las empresas afectadas les acusan a todos como responsables de un delito de blanqueo de capitales, el mismo que investiga la Fiscalía Anticorrupción basándose en los “indicios” apuntados por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en el informe resultante de la inspección realizada en Banco Madrid entre abril y mayo de 2014.

Aunque la Fiscalía ya abrió diligencias previas todavía tiene pendiente remitir al juez sus pesquisas, un análisis aún en curso de toda la actividad del banco en el que colabora la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en lo que tomaría forma como la causa principal que enjuicie el presunto blanqueo de capitales en Banco Madrid.

La documentación del Sepblac y la UDEF, que en los últimos días se ha desplazado también a Andorra para recuperar la información sobre Banco Madrid que estaba depositada en su matriz, podría servir, sin embargo, para fundamentar antes la denuncia de las dos empresas litigantes, pues el juez Andreu tendría acceso a estas investigaciones si admite sus querellas a trámite.

Estos son, de momento, los dos frentes que tienen abiertos el banco y su excúpula por la vía penal. Y son las primeros pese a que Banco Madrid es un “viejo conocido” para la Fiscalía Especial, según han reconocido a Efe fuentes cercanas a la investigación, dado que el nombre de la entidad salió a relucir en las operaciones que desmantelaron las presuntas tramas criminales del ruso Andrei Petrov y el chino Gao Ping, ambos detenidos hace años en España y beneficiarios de la red de lavado de dinero que prestaba BPA, según acaba de denunciar EE UU.

Banco Madrid, no obstante, tiene relación con otras dos plazas judiciales. En primer lugar, la que tutela el concurso de acreedores. El magistrado Carlos Nieto Delgado decretó el pasado 25 de marzo el inicio de la liquidación de la entidad, en la que ya trabajan los administradores concursales. Estos deberán entregar al juez en los próximos días un primer plan de enajenación de los bienes de la firma así como un informe completo con los activos y deudas de la entidad en menos de dos meses.

Finalmente, el bufete Cremades & Calvo Sotelo representa ya a buena parte de los 300 empleados de Banco Madrid y a más de un centenar de clientes que pretenden recurrir la intervención de la entidad por parte del Banco de España y su pretensión de liquidarla.

Aunque los empleados confirman que la pasada semana cobraron con normalidad su nómina, resulta previsible que el proceso de liquidación derive en un ERE. La clientela, a su vez, critica que la petición del concurso de acreedores supuso la congelación hasta hoy de su operativa financiera y que los ahorros que superen los 100.000 euros (máximo que garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos) están en juego. Dos tesituras que unos y otros creen que podían haberse evitado.