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El Gobierno del Principado ha presentado un proyecto de ley

Andorra creará un banco malo para los activos ilícitos de BPA

Clientes de BPA hacen cola a las puertas de una sucursal en Andorra para poder retirar dinero de sus cuentas.
Clientes de BPA hacen cola a las puertas de una sucursal en Andorra para poder retirar dinero de sus cuentas.EFE

El Gobierno de Andorra ha anunciado este jueves la creación de un banco malo que aglutinará los activos nocivos o “ilícitos” de la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está intervenida desde hace dos semanas por supuesto blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Esta es una de las medidas que contempla el proyecto de ley de reestructuración y resolución de entidades bancarias que se presentará previsiblemente la próxima semana al Consejo General para su aprobación, según ha confirmado hoy el portavoz del Gobierno, Gilbert Saboya.

La nueva ley prevé las medidas urgentes necesarias y un marco jurídico adecuado para encontrar una solución a la situación de BPA.

En rueda de prensa, Saboya ha asegurado que “era imprescindible dotar a Andorra de un marco jurídico adecuado” y hacerlo en línea con las directivas europeas”.

El Gobierno del Principado ha hecho llegar el texto a todas las fuerzas políticas para que trasladen sus valoraciones la próxima semana.

“Se trata de un texto de gran complejidad técnica y por lo tanto somos conscientes del esfuerzo que pedimos a los grupos parlamentarios. Queremos encontrar un equilibrio entre la necesidad de urgencia y la de no precipitarnos”, ha dicho.

Pese a todo, el objetivo del Gobierno, ahora en funciones, es aprobar la ley la próxima semana.

Saboya ha explicado que la ley permitirá pasar a un esquema de banco bueno y banco malo que aglutine el negocio lícito e ilícito de BPA, respectivamente.

Para ello, “una empresa de reconocido prestigio internacional, PwC, trabaja desde hace dos semanas para segmentar el negocio lícito de BPA del ilícito”.

Este esquema permitirá estudiar diversos escenarios de salida para la entidad: desde su venta o la reanudación de la actividad total o parcial hasta su liquidación, “siempre preservando al máximo el valor de la institución”.

La nueva ley prevé la creación de una Agencia Estatal de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias (ARREB), que será la autoridad competente para evaluar las posibles soluciones y determinar cuál de ellas es la más adecuada para la entidad.

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