Editorial

Dos frentes abiertos para Banco Madrid

La solicitud de concurso de acreedores realizada por los administradores de Banco Madrid marcó ayer el inicio de una jornada en la que tanto el Banco de España como la CNMV adoptaron decisiones contundentes con el objetivo de asegurar los intereses de los clientes y acreedores de la filial española de BPA. La fuga de depósitos que ha vivido el banco desde que estalló el escándalo ha llevado a los interventores del Banco de España a solicitar el concurso voluntario y a suspender la operativa ordinaria de la entidad, a la espera de que el juez encargado del procedimiento se pronuncie. La CNMV, a su vez, bloqueó el reembolso de parte de los fondos y sicav de la gestora del banco –que cuenta con unos 78.000 clientes– y asumió el control del bróker Interdin, 100% propiedad de este. El organismo presidido por Elvira Rodríguez no permite ya la apertura de nuevas posiciones, aunque deja la posibilidad de cerrar las abiertas.

La suspensión de la operativa de Banco Madrid, una medida excepcional en la banca española, se produce tras una vertiginosa cadena de acontecimientos que se iniciaron el pasado martes con la intervención de su matriz, la andorrana BPA, acusada de presuntos delitos de blanqueo de capitales por el Tesoro de Estados Unidos. Pese a que el informe que abrió el caso no mencionaba a la filial española, la denuncia interpuesta el pasado viernes por el Sepblac ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que aporta indicios de presuntas actividades delictivas, ha colocado también a Banco Madrid en el epicentro del huracán. Más aún cuando el primer detenido que se ha cobrado el caso, Joan Pau Miquel Prats, es consejero delegado de BPA y también de su filial española.

Todo ello supone la apertura de dos importantes frentes que marcarán el futuro inmediato de la filial española. Por un lado, el inicio del proceso penal relacionado con los indicios que tiene en su poder la Fiscalía Anticorrupción, que está llamada a investigar y actuar con la contundencia y rigor que la ley contempla para los delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Por otro, la gestión del procedimiento concursal del banco, que probablemente conducirá a la liquidación o a la venta de la entidad. Un proceso que debería agilizarse y llevarse a cabo con la mayor eficacia posible –sin descartar mantener viva una marca que nació en 1954– en beneficio de los depositantes y acreedores del banco. A ello hay que sumar el deber de información, lo más detallada y transparente posible, que deberán seguir ejerciendo tanto la CNMV como el Banco de España. El objetivo de esa labor conjunta no es solo proteger los intereses de clientes y acreedores de Banco Madrid, sino también la imagen de rigor, confianza y solvencia que ostenta el sector financiero español.

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