Por presunto fraude fiscal en el fichaje de Neymar

Ruz señala el camino del banquillo a la directiva del Barça

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar al presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a su antecesor Sandro Rosell y a la entidad como persona jurídica por un fraude fiscal de más de 13 millones de euros que presuntamente habrían cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar.

Ruz, que ha dictado el auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, atribuye a los tres imputados delitos contra la Hacienda Pública y administración desleal que se habrían cometido entre los años 2011 y 2014.

El magistrado destaca el protagonismo de Bartomeu “tanto en la génesis de las operaciones contractuales que constituyen la base fáctica del procedimiento”, en relación con la contratación de Neymar, “como en el desarrollo del fichaje y en relación al conocimiento, asunción y autorización de los pagos” vinculados a esta operación.

En concreto, el juez atribuye a los procesados tres delitos fiscales: uno de 3,8 millones de euros correspondiente al ejercicio de 2014, ya con Bartomeu como presidente; otro de 2,4 millones de euros que el club habría dejado de abonar en 2011 y un tercero de 6,7 millones correspondiente al ejercicio de 2013.

El magistrado cifra el gasto total que el club realizó para el fichaje de Neymar en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que cifró la operación en 57,1 millones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros al incorporar los 13,5 millones de euros que el Barça abonó en febrero de 2014 a la Agencia Tributaria al presentar una declaración complementaria. 

El juez también rechaza en un segundo auto la petición del Fútbol Club Barcelona y de su expresidente Sandro Rosell de que se inhibiera de la causa en favor de un juzgado de Barcelona. Señala que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional teniendo en cuenta el elevado importe de la cuantía presuntamente defraudada y que la supuesta “distracción de fondos” de la entidad habría sido cometida por ciudadanos españoles en el extranjero.

En concreto, y tal como recordaba el fiscal José Perals, Ruz destaca que el primer contrato se firmó en Sao Paulo (Brasil) el 15 de noviembre de 2011 y el dinero se ingresó en cuentas corrientes de sociedades ubicadas y domiciliadas en este país, lo cual justifica la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional.

Además, señala que concurren los presupuestos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha informado a favor de que las cuantías defraudadas por encima de los siete millones de euros se instruyan en la Audiencia Nacional. “La averiguación de los hechos ha exigido la emisión de comisiones rogatorias internacionales a Brasil y Suiza”, recuerda. 

Ruz destaca que las cifras reales del fichaje fueron “ocultadas” por Rosell a la Asamblea General del Barça, lo que “ocasionó un perjuicio económico al club al no incluir en la contabilidad como activo al inmovilizado intangible deportivo las cantidades reales de adquisición del jugador”.

El expresidente simuló “operaciones que no tenían como base una relación mercantil real” e ideó una operación para que el club “eludiera o minorara de forma subrepticia la tributación a la Hacienda Pública a que venía compelido como obligado tributario”.

Rosell llevó a cabo esta operación para asegurarse el fichaje del futbolista, que tenía contrato con el Santos hasta 2014, y adelantar el fichaje a 2013. El expresidente culé había llegado a un acuerdo en 2011 con la empresa del padre de Neymar, propietaria de sus derechos desde 2014, para adquirir la propiedad del futbolista y otro que se denominó “de préstamo” por el que se adelantaba una remuneración al jugador de diez millones de euros. Por este pago debería haber pagado a Hacienda 2,4 millones de euros.

En 2013, y para evitar que Neymar pudiera sortear el compromiso pactado, Rosell buscó un acuerdo con el Santos para adquirir sus derechos federativos, lo que tuvo un coste de 17,1 millones de euros.

Sin embargo, firmó con el club brasileño otros tres contratos: 7,9 millones por un convenio de colaboración con el fútbol base, 4,5 millones como contrapartida de un partido amistoso que no se ha celebrado y la participación del Santos en el Trofeo Joan Gamper. Además, Rosell y Bartomeu enviaron una carta el 31 de mayo de 2013 al presidente del Santos en la que se comprometían a abonar otros 2 millones si Neymar era elegido entre los tres finalistas al mejor jugador de la FIFA.

A estos contratos se sumaron otros siete con Neymar y las sociedades de su padre por los que se rescindieron los dos acuerdos suscritos en 2011 y se añadieron otros cinco: 8,5 millones como contrato de trabajo; 1,5 millones en concepto de imagen, 649.985 euros en gastos de representación y gestión del agente del futbolista (su padre, que se llevó un 5 por ciento de todos los contratos); 2 millones por el seguimiento de jugadores (400.000 euros durante cinco años) y 4 millones por labores de “agencia” (contratos de publicidad con empresas brasileñas por el que se abonaron dos pagos de 602.000 y 198.000 euros en 2013). Por todas estas operaciones el Barça debería haber pagado 6,7 millones de euros.

En 2014 el Barça realizó otro pago de cinco millones de euros a la sociedad del padre de Neymar que formaba parte de la indemnización de 40 millones de euros que se pagó al padre del futbolista para adelantar el fichaje. En este caso el presunto fraude fiscal ascendería a 3,8 millones de euros, ya que el club debería haber tributado al 52 por ciento por tratarse de una renta del trabajo imputable a un residente en España.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga el fichaje de Neymar desde el 22 de enero de 2014, día en el que admitió a trámite una querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.

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