Acumulan un alza del 37% desde 2010

Los altos cargos del sector público esquivan los recortes salariales

De los 10.630 empleados perdidos en el Estado, 8.005 afectaron a funcionarios

El alza salarial a la dirección coincide con la merma de 100 puestos de trabajo

Sueldos y personal de la Administración General del Estado Ampliar foto

La dificultad para controlar y tutelar las políticas de gasto y de contratación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ha provocado que el gran ajuste de sueldos y personal se haya producido entre los empleados públicos de la Administración General del Estado. Desde que en mayo de 2010, el entonces presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una rebaja media del 5% en sus retribuciones, los ajustes han sido permanentes y se han traducido en la supresión de la tasa de reposición (la baja que se produce por la jubilación de un empleado no es cubierta por otro) y en la congelación de sus emolumentos. Todo ello ha llevado a que la Administración General del Estado haya perdido 69.000 efectivos entre 2010 y 2015 y que la masa salarial que se destina a pagar sus retribuciones haya pasado de 4.904 en 2010 a 4.358 millones en 2014 (546 millones en términos absolutos o un 11,2% menos en términos relativos).

El ajuste de sueldos y plantilla, sin embargo, no ha sido homogéneo. La alta dirección ha logrado esquivar los recortes de salarios en esos cinco años. Entre 2010 y 2015, la masa salarial para pagar a la alta dirección ha pasado de 822.779 euros a 1,3 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 37,60%. Si el análisis se circunscribe al último ejercicio, el importe de las retribuciones de los empleados públicos retrocedió un 3% y la de los directivos escaló un 5,6%. Un dato que cuantitativamente no es importante (representan a un colectivo de 447 personas frente a los 523.137 que están registrados en la Administración General del Estado), pero que sí lo es cualitativamente en la medida que envía un mensaje de desigualdad a la hora de cargar con el reparto de los ajustes.

En 2014, la masa salarial de los funcionarios retrocedió un 2,5% y la del personal laboral lo hizo un 4,3%. Entre los funcionarios, aquellos de carrera establecidos en un centro español son los que han sufrido un mayor ajuste de sus retribuciones, con un recorte del 2,8%. Entre el personal laboral, aquel contratado de forma indefinidad sufrió un ajuste del 2,8%.

Las diferencias también son bastante apreciables si se analiza la evolución del personal en cada una de las categorías (altos cargos, personal eventual, funcionarios, laborales fijos, laborales eventuales o personal vario). Ha habido retroceso de personal en todas las categorías, excepto en el caso de los altos cargos, en el que se ha pasado de 443 efectivos en 2014 a 447 en 2015, con un incremento del 0,9%.

El ajuste más importante en términos relativos se ha producido entre los laborales contratados de forma eventual, cuya plantilla ha pasado de 4.867 en 2014 a 4.418 empleados en 2015, lo que supone un recorte del 9%. En términos absolutos, la plantilla más afectada por las salidas de personas ha sido la de los funcionarios, que ha pasado de 463.371 a 455.366, 8.005 efectivos menos como consecuencia de la supresión de la tasa de reposición a los jubilados.

Devolución de la extra y de los días ‘moscosos’

Los ajustes a los empleados públicos se han sucedido sin respiro desde 2010. El entonces presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó en mayo de 2010 un recorte medio del 5% en la nómina de los empleados públicos, la primera de toda la historia.

En 2012, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno, se aprobó otro ajuste salarial, que se hizo efectiva a partir de la segunda mitad del año. Esa medida, sin embargo, entró en vigor 44 días después (concretamente en la segunda quincena de julio), lo que fue aprovechado por las organizaciones sindicales para presentar numerosos recursos contra la medida, que afectó a funcionarios del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Ante el alud de demandas, muchas administraciones optaron por devolver el dinero. El Estado no fue una excepción y así lo hizo el pasado mes de enero, en el que aprovechó para reintegrar en las nóminas de los empleados públicos ese dinero. El coste fue de 230 millones y la cifra podría sueprar los 1.000 millones si se incluyen el resto de administraciones.

La cercanía del año electoral llevó al Ejecutivo a dar marcha atrás en otra de sus decisiones más polémicas, como la supresión de tres de los seis días de libre disposición (más conocidos como moscosos) en 2012. Tras haber ido reintegrando algunos de los festivos ha optado, el Ejecutivo optó por devolver dos de ellos y no descarta reintegrar en breve el tercero que se suprimió para devolver el esfuerzo que han hecho los empleados públicos para apoyar la consolidación fiscal y la reducción del gasto público.

Normas