El juez impone fianza a 21 usuarios de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid
El juez Fernando Andreu ha impuesto fianza civil a 21 usuarios de tarjetas black de Bankia. En un auto dictado hoy les da tres días para depositar avales correspondientes al dinero del que dispusieron durante el tiempo en que hicieron uso de las tarjetas. Si no lo depositan, sufrirán el embargo de sus bienes.
El juez admite, eso sí, que aquellos que hayan devuelto o provisionado parte del dinero gastado puedan descontarlo de la fianza impuesta. De hecho, solo pide fianza a 21 de los 27 imputados que declararon a mediados de mes, excluyendo de la medida a algunos usuarios que ya han devuelto todo el dinero gastado, como el empresario Arturo Fernández o el consejero José Manuel Fernández Norniella (que depositó el dinero tras declarar), así como a otros que justificaron sus gastos como exclusivamente de representación, como es el caso del sindicalista Juan José Azcona.
El exdirigente de IU José Antonio Moral Santín es, de los citados en el auto de hoy, el que debe hacer frente a una mayor fianza: 610.000 euros.En total, la medida cautelar impuesta sobre los 21 imputados suma 4,345 millones de euros. La decisión del juez responde a las peticiones de fianza que fue pidiendo el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón durante la declaración de los imputados, a las que también se sumó el FROB.
En el auto, el juez expone que los distintos imputados que han declarado hasta el momento han dado explicaciones diversas sobre sus los gastos que cargaron a la tarjeta, aduciendo uno que podían ser de carácter personal porque eran parte de su retribución y otros que eran parte de su labor institucional.
"Resulta de todo punto evidente que no puede considerarse a dichos fondos como ningún tipo de retribución ni de complemento retributivo, pues el pago de una retribución mediante la asignación para el uso de una tarjetas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial" expone el juez en el auto, "por lo que no cabe imputar a este concepto las cantidades cargadas a las mencionadas tarjetas de crédito".
"Con independencia de las instrucciones verbales que les pudiera facilitar la persona encargada de la entrega física de la tarjeta", continua el magistrado, "los citados consejeros debieran haber sabido, pudieron haber sabido y hubieran tenido la obligación de saber para qué y cómo debían hacer uso de los fondos que, a través de las mencionadas tarjetas de crédito, se les entregaban".
El peso del Supremo, Terceiro y Verdú
En su sentencia, el magistrado se basa además en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que indica que está fuera de toda lógica el uso personal de las tarjetas entregadas para gastos de representación. En su auto, Andreu expone concretamente que los usuarios de las tarjetas black pudieron cometer un "delito continuado de administración desleal" o de "apropiación indebida".
El juez toma en especial consideración, así mismo, los testimonios prestados por el antecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, que explicó que en su etapa los gatos de las tarjetas debían ser justificados, no excedían los 250 a 300 euros mensuales y estaban sujetos a un férreo control que impedía incluso, recoge el magistrado, abonar las comidas que hicieran los consejeros en viernes.
Andreu también da un importante valor a la declaración del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que no llegó a utilizar la tarjeta 'black' que el entregaron al entender que la no exigencia de justificacioón de los gastos suponía una mala praxis bancaria.
No reduce la fianza de Rato y Blesa
“Dicho pronunciamiento se realiza sin perjuicio de aquellos otros que se han realizado, en el mismo sentido, y con carácter solidario, sobre aquellas otras personas que ubieran podido participar en los hechos objeto de la presente causa”, concluye el juez, en referencia a las medidas ya adoptadas.
Se refiere, concretamente, a la fianza civil solidaria impuesta a los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato, sobre los que pesan fianzas de 16 y tres millones de euros respectivamente, que suman los 15,5 millones de euros gastados en total por los 82 usuarios de tarjetas 'black' más el tercio adicional previsto por la ley.
Ayer, el juez citó a declarar entre el 9 y el 13 de marzo a otros 37 usuarios de las tarjetas black, incluyendo al que fuera el secretario del consejo de administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre.
¿A quiénes exige la fianza?
El exdirigente de IU José Antonio Moral Santín es, de los citados en el auto de hoy, el que debe hacer frente a una mayor fianza: 610.000 euros. Además, el magistrado impone las fianzas más altas al sindicalista de CCOO Francisco Baquero (356.000 euros), al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, del PP (341.000 euros), al exsecretario de Organización del PSM Antonio Romero (337.000), al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada (283.000) y al exconcejal socialista José María de la Riva (279.000).
También establece cauciones para el exdiputado socialista Ramón Espinar (238.000), la exvocal a propuesta del PP Carmen Cafranga (234.000), el representante de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües (210.000), el representante de CCOO Rodolfo Benito (188.000), el exconsejero 'popular' Alberto Recarte (187.000), el exalcalde de Móstoles por el PSOE José María Arteta (186.000), el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, del PP (172.000) y la exvocal Mercedes Rojo, de esta misma formación política (160.000).
Completan la relación el exdiputado del PSOE Jorge Gómez (131.000 euros de fianza), el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (126.000), el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (105.000), el miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y exvocal del PP Luis Blasco Bosqued (69.000), la exconsejera socialiasta María Enedina Álvarez Gayol (63.000), el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (59.000) y el exministro socialista Virgilio Zapatero (11.000).
El magistrado rechaza establecer fianzas para otros seis exconsejeros que alegaron en su declaración que habían devuelto los importes gastados. Se trata del exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros), el integrante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700), el integrante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), el sindicalista de CCOO Juan José Azcona (99.300), el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández (37.300) y Javier López Madrid, de la patronal CEIM (34.800).
