El fiscal pide fianza para 19 de los 27 imputados que declaran por las ‘black’
El juez escuchó ayer a los últimos ocho de los 27 exconsejeros de Caja Madrid que ha imputado por el uso de las tarjetas black y que llevan declarando desde el lunes. Los titulares de las tarjetas, parte de los 82 exconsejeros y directivos que cargaron 15,2 millones de euros a este medio de pago opaco al fisco entre 1999 y 2012, han coincidido en defender que creían que la entidad tributaba por ellos pero han diferido en sus versiones sobre si las visas se les entregaron para uso institucional o personal. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que ha tenido en cuenta qué hojas de gasto son enteramente achacables a gastos de representación y quienes han devuelto o consignado parte del dinero, ha terminado solicitando fianza de responsabilidad civil solidaria para 19 de los 27 imputados. Una lista que Luzón podría aumentar tras estudiar al detalle los cargos de algunos de los ocho restantes.
Será el juez instructor Fernando Andreu, en todo caso, quien deba decidir si aprueba las peticiones del fiscal, secundadas por el FROB, y hace partícipes a estas 19 personas de la fianza de 19 millones de euros que ya impuso a los expresidentes de la entidad Miguel Blesa y Rodrigo Rato. No se prevé que Andreu decida al menos hasta mañana, tras escuchar a los testigos: el predecesor de Blesa, Jaime Terceiro; el que fuera responsable de auditoría, Iñaki Azaola;y los tres beneficiarios de las tarjetas que no las usaron, Francisco Verdú, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera.
Mientras, un hilo conectó ayer la causa con la actual cúpula de Bankia –que destapó el caso– al declarar Luis Blasco Bosqued, que a él la tarjeta black se la entregó Miguel Crespo, confirman varias fuentes presentes en la sala. Se trata del actual secretario del consejo de administración de Bankia, el único ejecutivo de la etapa Rato que ha mantenido su silla en el consejo del banco y de BFA bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri.
Crespo, que trabajó con Rato y el actual ministro de Economía Luis de Guindos durante el Gobierno de José María Aznar, no tuvo tarjeta black pero habría cobrado 3.800 euros de forma irregular de la entidad, según el informe forense encargado por el FROB y remitido a la fiscalía. Una cantidad que ya ha devuelto.
Más fianzas civiles
Cuatro consejeros señalados por el fiscal del caso
- María Enedina Álvarez, del PSOE, que gastó 47.000 euros.
- Jorge Gómez, del PSOE, que utilizó las tarjetas por valor de 98.200 euros.
- José Ricardo Martínez, antiguo líder de UGT Madrid, que gastó 44.200 euros.
- Antonio Romero Lázaro, del PSOE, qaue disfrutó de un total de 252.000 euros.
- El resto de los consejeros que declararon ayer salieron sin fianza civil.
También declaró ayer la expresidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, la única imputada para la que el fiscal no ha pedido aún fianza ni recuperar el dinero que haya depositado (gastó 175.200 euros) pese a que rechazó un uso institucional y defendió que pagaba “cualquier cosa” con la tarjeta. Luzón entendió que su papel fue más relevante como miembro de la comisión de control que como consejera, colectivo en el que se centra de momento. Tras ella declaró el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández (37.000 euros), que admitió haber gastado la mayoría del dinero en restaurantes de su propiedad porque eran suyos, “más baratos”, y así redondeaba la cuenta.
En la jornada de ayer el fiscal pidió fianzas civiles para María Enedina Álvarez, que disfrutó de 47.000 euros; Jorge Gómez (98.200), José Ricardo Martínez Castro (44.200) y Antonio Romero (252.009), según han informado fuentes jurídicas. Mientras, ha dejado fuera de esta medida a Luis Blasco, Arturo Fernández y Javier López Madrid porque devolvieron íntegramente lo gastado, mientras que a Carmen Cafranga (175.200) no ha solicitado cantidad alguna por el escaso tiempo que fue consejera, ya que entre 2003 a 2009, que estuvo en Caja Madrid, fue miembro de la Comisión de Control. Siete de los ocho que comparecieron ayer han defendido que la entidad les facilitó una visa para uso personal.
Un recurso apoyado en pruebas documentales
Los afectados por la fianza de 800 millones de euros impuesta por el juez Fernando Andreu consideran que el magistrado solo ha tenido en cuenta en su auto dictado el viernes los informes de los peritos del Banco de España, Víctor Sánchez y Antonio Busquets. BFA-Bankia, el FROB, Rodrigo Rato, y previsiblemente el resto de su antigua directiva –Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas— preparan sus respectivos recursos contra la resolución del juez. Uno de los argumentos que centrarán estos escritos será el hecho de que el magistrado “ha ignorado todas las pruebas testificales y documentales que están en el sumario”, explica uno de los afectados.
Fuentes jurídicas que preparan alguno de estos recursos (que deben presentarse el lunes) aseguran que “resulta llamativo que no haya ni una mención al Banco de España y a la auditora Deloitte en el auto del juez”. Los argumentos del supervisor y de la auditora estarán así recogidos en varios recursos. BFA-Bankia es lógico que incluya en su recurso la contradicción que parece que presenta el auto del juez cuando asegura que el informe del catedrático de economía financiera y contabilidad, Leandro Cañibano, decía que la información del folleto de la salida a Bolsa de Bankia “no expresaba la imagen fiel de la entidad”, cuando la conclusión de este catedrático –que rebatía una gran parte de las tesis de los peritos– era toda la contraria, ya que en todo momento considera que el folleto reflejaba la imagen fiel de Bankia. Mientras, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo ayer en el Congreso que en el reparto entre Bankia y su matriz, BFA, de las posibles indemnizaciones a pequeños accionistas por la salida a Bolsa de la entidad lo importante es establecer quién asume la primera pérdida y limitarla.
Pese a no estar cerrado el porcentaje que asumirán Bankia y BFA, el grupo presentará sus cuentas la próxima semana con una provisión con el potencial impacto de las reclamaciones de accionistas por su debut bursátil.