La importancia de la cobertura de los seguros en el ‘caso Bankia’
El caso Bankia se ha convertido en todo un culebrón que bien podría derivar en el argumento de una serie o de una película (no lo descarto). Componentes no le faltan, protagonistas y cruce de historias tampoco. Hasta diciembre pasado, cuando los informes de los peritos solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pusieron en duda el proceso de salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, Bankia era un ejemplo de recuperación récord de una entidad financiera en declive (claro, las ayudas de 22.424 millones de euros tienen gran influencia en esta recuperación). “Cuando el actual equipo gestor de Bankia cogió las riendas del banco el reto era recuperar el músculo comercial de la entidad una vez capitalizada. Nadie contaba con la enorme gotera que había en el tejado (en referencia al proceso judicial por la salida a Bolsa)”, explica un ejecutivo conocedor de los entresijos de Bankia.
Ahora BFA-Bankia debe hacer frente, junto al anterior equipo gestor (Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas) a una fianza de 800 millones de euros impuesta por el juez (aunque no afecta a las cuentas del banco). La intención de la entidad es pagar lo menos posible de esta fianza y sacar lo máximo posible al anterior equipo.
Es aquí donde la cobertura de los seguros de responsabilidad civil suscritos con Mapfre juegan un importante papel. BFA-Bankia pretende que las pólizas de Mapfre asuman lo máximo posible de la parte de la fianza que le corresponde al grupo financiero, en detrimento de Rato, Verdú, Fernández Norniella y Olivas.
Además, la correduría de seguros Willis también buscó un nuevo seguro para cubrir la responsabilidad civil subsidiaria para los consejeros en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 para cubrir posibles demandas derivadas de su responsabilidad en el proceso. Y coincide que fue el bróker en el aseguramiento de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia.
El grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri suspendió el pasado 2 de febrero la presentación de sus resultados correspondientes al ejercicio de 2014. La razón era que el FROB, dueño al 100% de BFA, y por tanto del 63% de Bankia, no había decidido (ni lo ha hecho aún) qué parte de las indemnizaciones por las condenas por la salida a Bolsa deben asumir Bankia y su matriz BFA. La decisión tiene un impacto en los beneficios del banco cotizado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hace tres semanas declaró que el impacto que esperaban de las indemnizaciones ascendía a unos 600 millones de euros (un tercio de los 1.800 millones que suscribió el tramo minorista en julio de 2011), que se repartirían en un 63% por BFA y el 38% restante lo asumiría Bankia. Pero esta división no ha gustado nada a Hacienda.
El ministerio que encabeza Cristóbal Montoro considera que el contribuyente ya ha costeado bastante el saneamiento de la banca, incluidos los 22.424 millones en ayudas de Bankia. Por ello, se niega a firmar unos porcentajes de reparto de las indemnizaciones. Cree que es ponerse la venda antes de la herida. En este ministerio consideran que puede haber otras fórmulas para no volver a implicar al contribuyente en la factura que lleve consigo la avalancha de demandas que se esperan por el caso Bankia.
Las diferencias entre Guindos y Montoro han provocado que la Abogacía del Estado tenga que mediar para buscar una solución (la vicepresidenta del Gobierno, María Soraya Sáenz de Santamaría, es abogada del Estado).
Pero Moncloa no solo está, como es lógico, al tanto de estas diferencias, sino que varias fuentes apuntan a que al final será quien aporte la solución. “Aunque todavía habrá que esperar un tiempo. La solución tardará semanas. Bankia tiene prisa y Guindos también, pero parece que Hacienda no”, explican fuentes de la Administración.
Goirigolzarri (que ha llamado a todas las puertas posibles del Gobierno para que se resuelva lo antes posible estas diferencias) presentará los resultados de Bankia esta semana. Para ello ha calculado con el FROB y el auditor una posible provisión para evitar una reformulación posterior de las cuentas.
Mientras, la Abogacía del Estado analiza distintas fórmulas para evitar que el contribuyente se haga cargo de la factura por las demandas ganadas por los pequeños inversores. Entre estas vías, la Abogacía del Estado estudia con meticulosidad las coberturas de los seguros que tiene Bankia con Mapfre (aseguradora socia de Bankia) y en los que intermedió Willis, explican fuentes de la Administración, que añaden que el asunto parece complicado porque “hay más aristas de las que inicialmente preveían”.
En Bankia y en Economía este proceso echa un jarro de agua fría a su proyecto de privatizar el banco este año con la venta de participaciones en varias fases y de conseguir que los inversores proyecten sus miradas en este valor. De momento, el equipo de Bankia ha tenido que explicar con detalle al BCE el proceso judicial abierto.