Rato dice que la fianza del juez “podría ocasionar" importantes perjuicios
El lunes cumple el plazo para que BFA-Bankia y el anterior equipo gestor del banco presenten sus recursos contra la fianza impuesta por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, por un importe de 800 millones de euros, aunque lo normal es que se otorgue un día más de gracia.
El expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, el exvicepresidente, José Luis Olivas, y el también exconsejero delegado, Francisco Verdú, presentaron el viernes sus respectivos recursos. BFA-Bankia esperará al lunes o martes.
El recurso presentado por Rato, de 75 páginas y un aluvión de documentos del sumario, pretende desmontar el auto del juez y a los informes periciales, realizados por los inspectores del Banco de España, Víctor Sánchez, y Antonio Busquets. Considera desproporcionada la fianza civil solidaria de 800 millones impuesta por el juez Andreu, por lo que le emplaza a retirarla. Olivas también pide que la retire o que la reduzca a 33 millones.
Rato argumenta que esta fianza lejos de “ser necesaria, podría ocasionar perjuicios superiores a los que se pretende evita”. Explica que BFA-Bankia “cuentan con patrimonio suficiente para hacer frente a cualesquiera responsabilidades pecuniarias futuras”. Y alude a las declaraciones del ministerio Fiscal en la vista celebrada el 9 de febrero. “la solvencia de Bankia hace innecesaria la presentación de fianza para garantizar esas responsabilidades civiles”, “la satisfacción de hipotéticas responsabilidades civiles está más que garantizada sin fianza”.
Alega que si no está cuantificado el que la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 “haya ocasionado un perjuicio de 1.800 millones de euros (lo invertido por los minoristas), no procede acordar afianzamiento alguno”. Y como Olivas, argumenta el que “solamente inversores que desembolsaron entre todos en torno a 33 millones de euros, de un total de 3.092 millones en acciones emitidas con la oferta pública de suscripción (OPS) (60% de los suscriptores minoristas y el 40% institucionales), ha sido los que han reclamado la imposición de una medida de aseguramiento patrimonial”. Los accionistas que reclamaron la adopción de medidas cautelares “solo representan un 1,06% del total” de la inversión de la OPS.
Afirma que coincide con el ministerio Fiscal, al considerar que “no existe, al día de hoy, indicios incriminatorios suficientes (….) como para decretar una medida cautelar patrimonial como la acordada”.
También menciona el informe de Leandro Cañibano, que fue presentado por Bankia, para contrarestar el informe de los peritos. En este caso critica el auto del juez al considerar que Andreu traslada la idea de que corrobora los criterios de los peritos de que el folleto de la salida a Bolsa de Bankia no reflejaba la imagen fiel de la entidad. Cañibano afirmaba en su informe lo contrario, las cuentas “expresaban la imagen fiel del patrimonio” de la entidad, recuerda el recurso de Rato.
El recurso presentado por el expresidente de Bankia señala que los estados financieros de BFA-Bankia recogidos en el folleto de la OPS, contaba con las firmas de Deloitte, AFI y PwC, sociedades que aseguraban que las cuentas “reflejaban la imagen fiel de la entidad”.
También alega que Bankia estaba “sometida a un seguimiento continuado permanente in situ por los inspectores del Banco de España”. Y que recalca que este seguimiento era “si cabe, aún más intenso” en Bankia que en el de otras entidades.
Sobre la salida a Bolsa explica que “fue milimétricamente supervisada por la CNMV, que colaboró activamente con la entidad en la elaboración del folleto”.
Lo mismo alega sobre la fijación del precio de la OPS. “Se estableció siguiendo los criterios fijados por la CNMV”, con la decisión de que un 40% de la OPS se dirigiese a inversores institucionales y que serían los que fijarían el precio, que tuvo que rebajarse posteriormente al empeorar la situación de los mercados. Afirma que según dijo Julio Segura, presidente de la CNMV cuando Bankia salió a Bolsa, "en el folleto de la emisión figuraba toda la información relevante y legalmente exigible".