El juez imputa a todos los usuarios de las tarjetas ‘black’
Una sentencia del Tribunal Supremo conocida ayer, considerando delictivo el uso particular de las Visa de empresa, ha roto la calma tensa que rodeaba el caso Bankia tras la declaración de los peritos judiciales a mediados de mes.
El dictamen del Alto Tribunal ha llevado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a imputar este miércoles a 78 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso de las 'tarjetas black' opacas al fisco.
Desde 2003 a 2012, los imputados cargaron a estas tarjetas gastos personales por valor de 15,2 millones de euros. A petición de la Fiscalía y UPyD, el juez les imputa genéricamente a todos por un delito de administración desleal o bien otro de apropiación indebida.
Los nuevos imputados, 27 de los cuales comenzarán a declarar ante el juez a mediados de febrero, se suman a un banquillo que ya ocupan los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj.
En el auto, el magistrado destaca que “lo fundamental” es “dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos”, de ahí que distinga entre los administradores y los directivos.
Andreu considera que existen “serias dudas” sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas, por lo que quiere aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.
El fallo del Alto Tribunal
En su auto, el juez se basa en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que considera delictivo el uso particular de la Visa de empresa, pese a que la entidad no lo hubiera prohibido explícitamente.
Aunque la sentencia del Supremo hace referencia al caso de un matrimonio malagueño que cargó casi medio millón de euros a su tarjeta de empresa, incluyendo el pago de un aparato de aire acondicionado para su domicilio, el dictamen del Alto Tribunal supone un duro golpe para la defensa de los usuarios de tarjetas B.
Muchos de ellos habían manifestado que la entidad financiera les permitía hacer un uso personal de estas tarjetas opacas mientras que el Supremo asume ahora que es de "sentido común" que no este permitido esta utilización.
Entre los imputados se encuentran representantes de patronal, sindicatos y distintas organizaciones políticas presentes en el consejo de Caja Madrid, así como miembros de su directiva y de la de Bankia.
El detalle de los gatos, facilitado por Bankia al juez, el uso de estas tarjetas para gastos en discotecas, lencería, tallas religiosas, facturas de veterinario, o la retirada de miles de euros en efectivo.
Declaraciones en frebrero
El primero en declarar será José Antonio Moral Santín, que fue representante por IU y gastó 496.000 euros de su tarjeta opaca durante 10 años, el grueso mediante retiradas de efectivo en cajero, y que comparecerá el próximo 16 de febrero a las nueve de la mañana.
El exdirigente de IU ha sostenido que Caja Madrid nunca le pidió facturas de sus gastos y que el uso de esta tarjeta suponía una retribución legítima por el trabajo realizado. El juez asume en el auto que este argumento no se sostiene en vista de que no todos los usuarios agotaban el saldo disponible en las tarjetas, lo que por seguro harían si se tratara de una retribución.
Fondos recuperados
En su auto, el juez Andreu también establece que se requiera a BFA-Bankia y a la Fundación Caja Madrid que informen al juzgado "sobre la situación actual del proceso de recuperación de las cantidades dispuestas por los distintos beneficiarios de las tarjetas de crédito".
Los usuarios de las tarjetas opacas gastaron un total de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012, pero solo algunos de ellos han reingresado a la entidad el dinero del que hicieron uso mediante esta forma de pago.
Testigos
El juez también llamará a declarar como testigos al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro así como al exsecretario del consejo Enrique de la Torre y el exdirector de auditoría de Caja Madrid Iñaki Azaola.
Finalmente, Andreu ha reclamado que testifiquen los cuatro únicos receptores de tarjetas 'black' que no llegaron a hacer uso de ellas: el exconsejero delegado Francisco Servando verdú, el directivo Íñigo María aldaz, el presidente de Caja Madrid Seguros Esteban Tejera, e incluso cita por error al ya fallecido representante de UGT Felix Manuel Sánchez. Todos ellos comparecerán como testigos el 20 de febrero.
La imputación de todos los consejeros había sido solicitada por UPyD, la sociedad Bochner España -que adquirió preferentes- así como por la propia Fiscalía Anticorrupción, que presentó un escrito ante el juez ayer mismo.
El informe pericial
El auto también se basa tanto en los informes de auditoría internos encargados por la propia cúpula actual de Bankia como en el informe de los dos inspectores del Banco de España a los que Andreu pidió el informe pericial.
En su informe, sometida a un férreo interrogatorio por las distintas partes durante la ratificación que hicieron los peritos a mediados de mes, se establece que con la distribución de las tarjetas hubo "voluntad de ocultar" esta retribución a Hacienda.
