Todas las claves del escándalo

Consulta la lista de las tarjetas ‘B’ de Caja Madrid y cuánto se gastaron sus ‘dueños’

Fuente: auditoría de Bankia
Fuente: auditoría de Bankia

Casi todo el espectro político y sindical está involucrado en el escándalo de las tarjetas black (B) de Caja Madrid. La auditoría encargada por José Ignacio Goirigolzarri enviada al FROB y después a la Fiscalía revela que 86 personas recibieron esas tarjetas. El importe total gastado desde 1999 a 2012 asciende a 15,2 millones de euros, si bien el análisis se limita al periodo comprendido a partir de 2003.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde mayo de 2012 en sustitución de Rodrigo Rato, encargó una auditoría de la entidad que reveló el uso de tarjetas de créditos entregadas a los directivos de Caja Madrid entre 2003 y 2012 “fuera de los circuitos ordinarios”. Aquí está la lista de todos los beneficiarios de la tarjetas.

Actuación de Goirigolzarri

El presidente de la entidad rescatada, que ha recibido ayudas públicas por un total de 22.200 millones para evitar la quiebra, eliminó la retribución a traves de esas tarjetas en cuanto tuvo conocimiento de ella y entregó la auditoría al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el máximo accionista de Bankia con el 60,9%. El fondo de rescate de la banca española se lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, que ahora estudia qué acciones tomar.

La Fiscalía, en las diligencias de investigación, señala que 245.200 euros fueron cargados a Bankia en 2011 y 2012 y 15,2 millones, a Caja Madrid entre 2003. Es más, apunta que “la utilización de esas tarjetas según los datos del informe no aparece conectada con los gastos de respresentación o relacionados con actividades profesionales de los disponentes, como ejemplos los cargos elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo”.

Los cuatro que no las usaron

La auditoría muestra que cuatro beneficiarios no utilizaron la tarjeta en ningún momento: Félix Manuel Sánchez, de UGT, Íñigo María Aldaz Barrera (directivo de Caja Madrid), Esteban Tejera Montalvo (presidente de Caja Madrid Seguros Generales) y Francisco Verdú (consejero delegado de Bankia en la etapa de Rodrigo Rato).

Devoluciones

Bankia explica que ha contactado con cuatro personas implicadas, que devolvieron a comienzos de julio el gasto derivado de las tarjetas, eso sí, solo en la época de Bankia. Son el expresidente de Caja Madrid y de Bankia Rodrigo Rato (54.837 euros),  José Manuel Fernández Norniella, adjunto a la presidencia de Bankia y vicepresidente de Caja Madrid (9.700 euros), Matías Amat, director general de Caja Madrid (42.043 euros) e Idelfonso Sánchez Barcoj, exdirector financiero de Bankia ocupó varios puestos directivos en Caja Madrid (90.879 euros).

Con tarjeta, pese a no estar en plantilla

Bankia señala que según la información disponible, 28 consejeros han realizado movimientos con posterioridad al cese en el cargo. El periodo durante el que se han realizado movimientos varía entre uno y ocho meses.

Así, el documento revela también que hubo cinco personas que usaron las tarjetas entre enero de 2011 y mayo de 2012 y que Bankia abonó su facturación sin que nunca fueran plantilla de la entidad. Entre ellas, Carmen Contreras Gómez, Ramón Martínez Vilches, Ricardo Morado Iglesias (directivos de Caja Madrid que nunca fueron plantilla de Bankia), Rafael Spottorno Diaz Caro (directivo empleado de Fundación Caja Madrid que nunca fue plantilla de Bankia) y Carlos María Martínez Martínez (directivo que causó baja en Caja Madrid Cibeles  en noviembre de 2010 y que en ese momento pasó a Caja Madrid como jubilado parcial). Estos cinco gastaron en total 43.900 euros.

Delitos

El documento añade que los hechos pueden ser constitutivos de delito societario y apropiación indebida, pues no consta que los tenedores de esas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes, como el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades (IS).

En numerosos casos, además, los beneficiarios de las tarjetas B eran también tenían sus correspondientes tarjetas A de empresa para sus gastos de representación. Eso sí, las cuentas a las que llegaban los cargos de las tarjetas son cuentas ligadas a gastos de representación o a cuentas correspondientes a errores de servidor informático.

Reclamación de los importes

El informe del asesor externo –Herbert Smith Freehills– desaconseja la vía penal “al no quedar claramente acreditado el dolo y ser hechos genéricos de difícil determinación en una instrucción penal”. En cambio, el informe apunta que Bankia y Fundación Caja Madrid –la entidad jurídica heredera de la antigua caja– sí tienen legitimidad para reclamar los importes.

Con todo, el FROB ha enviado toda la información a la Fiscalía puesto que tampoco desde los administradores puede descartarse el elemento subjetivo y su posible trascendencia penal, “al haber presuntamente conocido y consentido las disposiciones no amparadas en soporte contractual, estatutario o decisión de órganos de gobierno, con perjuicio para la entidad”. Además, el FROB también expone su disposición a reclamar los importes.

Desde 1994

Es más, en el informe del asesor externo consta que una de las series de las tarjetas B se dio de alta en mayo de 1994 (la Busssines Oro EMV) y la Bussiness Plata en septiembre de 2002. Los informes, sin embargo, estudian exclusivamente el periodo que va de 2003 a 2012.

En los informes consta en términos globales en qué se gastaron el dinero los beneficiarios, pero es secreto de sumario el listado persona por persona.

En qué lo gastaron

En los gastos globales de las tarjetas consta que el mayor gasto se hizo en restaurantes, con tres millones de euros, seguido por las disposiciones de efectivo (dos millones), desplazamientos y viajes (unos 1,7 millones), grandes superficies (1,7 millones), hoteles (algo menos de un millón de euros), alimentación (unos 800.000 euros), alimentación (unos 700.000 euros), ropa (unos 600.000 euros), mientras que el resto se agrupa en otros conceptos no desglosados.

El importe agregado no suma los 15,2 millones, puesto que este análisis solo incluye el análisis realizado de 2003 a 2012.