Tribuna

La ‘P3s’ y el sector del agua en EE UU

El modelo de colaboración público-privada (public-private partnerships o PPPs) ha alcanzado un desarrollo significativo en el área de infraestructura de transporte por carretera en Estados Unidos. Los principales proyectos para la construcción, desarrollo, realización de mejoras y mantenimiento de las autopistas, carreteras y peajes más relevantes en Estados Unidos en los últimos años se están llevando a cabo a través de P3s. Dicho modelo de colaboración presenta importantes ventajas para ambas partes. En concreto, la Administración correspondiente puede poner a disposición de sus ciudadanos infraestructuras nuevas o mejoradas sin tener que asumir la carga presupuestaria derivada de los costes asociados a la construcción o desarrollo de dichas infraestructuras (pues son las empresas privadas adjudicatarias del proyecto quienes deben obtener la financiación correspondiente). Como contrapartida, las empresas privadas adjudicatarias son las que asumen la gestión, mantenimiento y operación del proyecto una vez culminado, asegurándose un flujo de ingresos durante la vigencia de la concesión.

A pesar de los evidentes beneficios que se generan bajo una P3s, a día de hoy este modelo aún está en fase incipiente de implementación en otras áreas que, no obstante, requieren de importantes mejoras en Estados Unidos, como la infraestructura de carácter social (colegios, hospitales, centros penitenciarios) y de la gestión del agua. Tradicionalmente, los poderes públicos en Estados Unidos han sido reacios a invertir cantidades sustanciales para el desarrollo y mejora de infraestructuras de aguas. El principal desafío al que se enfrentaba el poder concedente era la percepción de sus ciudadanos del agua como un recurso natural y de uso cotidiano, que hacía difícil justificar inversiones millonarias con cargo a los impuestos recaudados de dichos ciudadanos. Sin embargo, el modelo de P3s mitigaría significativamente dicho desafío, en la medida en que la financiación del proyecto correría a cargo del sector privado. Asimismo, recientemente factores de diversa índole han puesto de manifiesto y acentuado la necesidad de realizar inversiones y mejores significativas en este sector. Entre dichos factores cabe destacar: la importante sequía padecida en algunos Estados (como California); el sustancial crecimiento que se está produciendo en determinados Estados (un promedio de 1.000 personas al día se mudan al Estado de Tejas); y la necesidad de una infraestructura de aguas mejorada que esté a la altura y pueda mantener el boom del shale gas.

En los últimos meses se han adjudicado importantes proyectos en infraestructura de aguas bajo el formato de P3s, que conjuntamente con los factores anteriormente indicados, presumiblemente darán pie a que se realicen proyectos adicionales en esta área bajo dicha estructura de colaboración público-privada. A finales de octubre de 2014, el City Council de la ciudad de San Antonio (Tejas) aprobó formalmente la adjudicación de un contrato a un consorcio liderado por Abengoa, para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de infraestructura que incluye un acueducto de aproximadamente 225 kilómetros para suministrar agua a la ciudad. A su vez la ciudad de Allentown (Pensilvania), adjudicó al sector privado un contrato para operar el sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad por un período de 50 años. En virtud de dicho contrato, la adjudicataria ostenta el derecho exclusivo para la operación, gestión, mantenimiento y mejora de dicho sistema de aguas, así como de recibir los ingresos generados por el mismo. Por su parte, la ciudad de Allentown recibió un pago por anticipado de aproximadamente 211 millones de dólares, que fue destinado por la ciudad al repago de deuda y al saneamiento de su sistema de pensiones. Al margen de los proyectos nuevos que puedan desarrollarse como P3s, se prevén cambios significativos en infraestructura de aguas en Estados Unidos como consecuencia de los consent decrees emitidos por la Environmental Protection Agency (EPA) estadounidense. A través de los consent decrees la autoridad correspondiente pone fin a un procedimiento incoado contra el gestor de la infraestructura del agua, comprometiéndose dicho gestor de la infraestructura a llevar a cabo determinadas actuaciones. En el caso que nos ocupa, en los últimos años, la EPA ha emitido numerosos consent decrees en el contexto de infracciones medioambientales en materia de aguas, que requerirán la realización de sustanciales obras, en ocasiones por un valor de hasta 3.000 millones de dólares.

En conclusión, todos los factores aquí apuntados parecen indicar a un más que probable desarrollo de las infraestructuras de agua a corto o medio plazo en Estados Unidos, que pueden generar importantes oportunidades de inversión. Sin duda alguna, por su nivel de sofisticación y experiencia, las empresas españolas están perfectamente posicionadas para jugar un papel relevante en proyectos de infraestructura de aguas en este país, tal y como lo han venido haciendo en otros sectores, como el de infraestructura de transporte por carretera.

José A. Morán es socio de Baker & McKenzie, Dpto. de Infraestructuras y Energía, Chicago.

Juan C. González es asociado de Baker & McKenzie, Dpto. de Infraestructuras y Energía, Chicago.