El juez impone una fianza civil de 138 millones a los dos exdirectivos

Ruz abre juicio oral contra Ortega y Moltó por la quiebra de CCM

Fue la primera caja rescatada y su saneamiento costó 9.000 millones de euros

El magistrado considera que pudo haber un delito de administración desleal

La mala gestión en el seno de las cajas de ahorros se sentará de nuevo ante la Justicia. Será la segunda vez desde el inicio de la crisis. El juez de la la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, y les ha emplazado a pagar en diez días una fianza civil de 138,2 millones por el agujero ocasionado en la entidad (es la quinta mayor fianza civil fijada en España). El primer juicio vinculado con la quiebra del sector de las cajas de ahorros fue el de las indemnizaciones millonarias en Caixa Penedès, que acabó con la condena en firme de varios exdirectivos.

En un auto, el primero que emite el juez tras conocerse su prórroga limitada como magistrado suplente en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia, les atribuye los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas y les impone esta cuantía de forma solidaria a petición de la acusación ejercida por el Banco de Castilla La Mancha (hoy propiedad de Kutxabank, tras su rescate, saneamiento y posterior venta en subasta), que lo reclamó por el perjuicio económico que le pudieron ocasionar el “conjunto de operaciones” investigadas.

Para ellos, la Fiscalía pidió el pasado 21 de octubre dos años y medio de prisión pero solo por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una “maniobra contable” con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones.

Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí aprecia Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una “notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación”.

Mientras, el Banco de Castilla La Mancha eleva su petición a cinco años y medio de prisión, y la otra acusación, ejercida por Adicae, la deja en cinco.

CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.


Maniobras contables

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, tanto Hernández Moltó como Ortega llevaron a cabo “una maniobra contable” para que los estados financieros de la entidad reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad. 

Anticorrupción, que también solicita que los dos acusados sean inhabilitados durante dos años y medio, señala que el 10 de febrero de 2009, con la “aquiescencia” de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su “situación financiera real”.

En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como “ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados”, que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.

“Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe”, señala el escrito de acusación antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban “un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros”. En relación con la calificación de créditos, el fiscal apunta que existía “un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos”.

De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados. 


Reformulación de las cuentas

El escrito fiscal refiere que el 11 de marzo de 2009 los estados financieros se remitieron a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y que Europa Press publicó que la entidad cerró el ejercicio de 2008 “con un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros. “Numerosos medios de comunicación nacional difundieron esta noticia”, apunta antes de indicar que las correcciones de los nuevos administradores de la entidad no se conocieron hasta julio y agosto de 2009.

Las nuevas cuentas, aprobadas después de la intervención de la caja y el nombramiento como administradores de tres funcionarios del Banco de España, reflejaban unas pérdidas en el ejercicio de 2008 de 762 millones en los estados individuales y de 1.066 millones de euros en el consolidado.

Este desfase se produjo, según Anticorrupción, por la necesidad que tuvieron los nuevos gestores de aprobar “una provisión de una financiación extraordinaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general”.

“Esta actuación de las autoridades impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM, según sus cuentas publicadas y difundidas por la CECA, contrataran con una entidad como CCM, que de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de atender en ese momento a las obligaciones contraídas”, señala el fiscal.

La Fiscalía no cita en su escrito las operaciones y los perjuicios económicos que causaron en la entidad una serie de operaciones de captación del crédito en los que el juez Ruz constataba “una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación”.

Las operaciones referidas por el magistrado eran créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.