Batalla legal contra los apartamentos turísticos ilegales

Turistas en el centro de BarcelonaEfe

"La oferta ilegal de apartamentos turísticos es una verguenza. Vamos a terminar mal. Habrá que pensar en acciones de otro tipo". Con esta frase, el presidente de la patronal hotelera Cehat, Juan Molas, abrió la puerta a iniciar una batalla legal contra las empresas y las administraciones que amparen este negocio. "Va a ser nuestra principal prioridad este año", remarcó Molas, quién apuntó que los recursos no solo se plantearían contra las empresas que alquilen apartamentos turísticos (como Airbnb o Alterkey), sino contra aquellas administraciones que amparen ese negocio considerado competencia desleal. Las comunidades autónomas son las que legislan en materia turística y los ayuntamientos son los que se encargan del cobro de los impuestos de esas actividades, que deben tributar a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

La decisión de estudiar el recurso a la Justicia se toma, según Molas, por la evolución de los conflictos iniciados en España, Alemania o Francia contra la empresa Uber, cuya actividad ha sido suspendida o limitada. El Ministerio del Interior francés anunció el lunes que la aplicación de pago Uber Pop, que pone en contacto a particulares para compartir trayectos en coche, será ilegal a partir del 1 de enero del 2015. Es el último obstáculo que se encuentra la compañía, que también ha afrontado reveses judiciales en Alemania, Holanda, Tailandia y varias ciudades estadounidenses.

En España fue el juzgado de lo mercantil número dos de Madrid, quién estimó la pasada semana las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Madrileña del Taxi y ordenó el cese de la actividad de Uber, bajo la modalidad UberPOP, en todo el territorio nacional. Esa decisión se adoptó pese a que que el servicio solo funciona en Barcelona, Madrid y Valencia, al entender que sus conductores carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y que la actividad es competencia desleal para el taxi.

El único precedente sancionador se produjo en Cataluña, en el que el Gobierno presidido por Artur Mas fue el primero que plantó batalla legal al portal de Internet Airbnb al imponerle en verano una multa de 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos ilegales. La sanción fue justificada por la Generalitat al constatar que la empresa norteamericana intermediaba entre turistas y propietarios de viviendas, que no habían sido debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña, tal y como está marcado en la ley regional.

El precedente de Airbnb en Cataluña

El Gobierno de Cataluña fue la primera administración que decidió plantar batalla legal al portal de Internet Airbnb al imponerle en verano una multa de 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos ilegales. La sanción fue justificada por la Generalitat al constatar que la empresa norteamericana intermediaba entre turistas y propietarios de viviendas, que no habían sido debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña, tal y como está marcado en la ley que fija los apartamentos turísticos ilegales.

Además, el portal ofrece habitaciones en domicilios particulares, lo cual está prohibido por la normativa catalana. En caso de que Airbnb no retire del portal las viviendas no habilitadas para ser alquiladas a turistas, la Generalitat se plantea iniciar un procedimiento para impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Cataluña.