Editorial

Tolerancia cero con los deshonestos

La batería de medidas que Mariano Rajoy presentó ayer en el Congreso para luchar contra la corrupción constituye el primer paso de una tarea de regeneración de la vida pública española que exigirá tiempo, perseverancia y mucha firmeza. El presidente del Gobierno abogó, entre otras propuestas, por elevar las penas de inhabilitación y aumentar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, así como por convertir en delito la financiación ilegal de partidos políticos y limitar a 50.000 euros las donaciones realizadas a estos por particulares. La intervención de Rajoy se produjo un día después de la dimisión de la ya exministra de Sanidad Ana Mato, tras su inclusión como beneficiaria de las actividades presuntamente delictivas de su marido en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La ofensiva del Gobierno pretende marcar un antes y un después en la convulsa escena pública española, sacudida en los últimos años de forma repetida por numerosos escándalos.

El endurecimiento de la legislación anticorrupción y la adopción de medidas para limitar las donaciones a los grupos políticos constituye un primer paso imprescindible para poner coto a los abusos en esta materia. Un vistazo a la propuestas del Gobierno revela algunos de los agujeros que la legislación española arrastra en relación a otros países de nuestro entorno. Es el caso de los límites cuantitativos a las donaciones realizadas a los partidos políticos por personas físicas, que en otros Estados europeos se contemplan de forma aún más estricta. Otro tanto sucede con las actividades de financiación ilegal de los partidos, que serán por fin tipificadas como delito penal. En materia procesal, el Gobierno pretende fijar un plazo máximo para los procedimientos de instrucción y evitar así juicios eternos.

Pese a todo, la experiencia internacional, la memoria histórica y el sentido común demuestran que las legislaciones son necesarias, pero no suficientes. La corrupción cero no existe en ningún Estado de Derecho y, menos aún, en los regímenes autoritarios. Lo que sí existe –y hacia ese objetivo hay que caminar– es la tolerancia cero política, judicial y social hacia las actividades de corrupción. Junto a las medidas coercitivas presentadas ayer, España necesita un gran pacto de consenso suscrito por los principales grupos políticos que transmita a la opinión pública española el mensaje de que la lucha contra los escándalos es una cuestión prioritaria para el país. A ello hay que sumar un compromiso firme del conjunto de la población española para recordar que la corrupción a gran escala arraiga con más facilidad cuando crece la tolerancia social hacia el pequeño abuso, la pillería y las corruptelas. Y que ni una ni otras caben en una sociedad transparente y democrática.