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Tribuna
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Las sanciones de la UE a Rusia: un ‘issue’ geopolítico

Los trabajos para desarrollar el proyecto South Stream comenzaron en 2012 y está previsto que finalicen en el último trimestre de 2015. Se estima que el proyecto tendrá una capacidad para transportar 63.000 millones de metros cúbicos de gas natural anual, lo que equivaldrá al 80% de las importaciones estimadas de gas de Europa en 2020 (el 50% en 2030). Una vez finalizado y puesto en marcha, el gasoducto conducirá a través de más de 2.550 kilómetros de tubería el gas desde Rusia, a través del mar Negro y los Balcanes, hasta Austria e Italia.

El principal objetivo y misión de South Stream es fortalecer la seguridad energética europea. En otras palabras, garantizar el suministro de gas natural ruso a empresas y hogares del centro de Europa, tal y como declaraba hace dos semanas el canciller ruso, Sergei Lavrov, quien lanzaba un mensaje a la UE en una reunión con empresarios europeos: “Esperamos que la UE renuncie al enfoque politizado sobre la construcción del gasoducto South Stream y tenga en cuenta los intereses de los ciudadanos y empresarios de sus países”. Agregó que “la UE debería escuchar la postura de los países miembros que en reiteradas ocasiones se pronunciaron a favor de la construcción de la tubería”.

El proyecto de Novatek en la península de Yamal pretende perforar en un primer momento más de 200 pozos. Este proyecto cuenta con la petrolera francesa Total y la china CNPC como socios. Las tres compañías se han marcado como objetivo producir 16,5 millones de toneladas de GNL anuales, una vez que el proyecto esté a pleno rendimiento. Para ello, se estima necesaria una inversión inicial de 26.900 millones de dólares. Hace menos de una semana, el presidente Putin ofreció su apoyo total a este proyecto declarando: “El Gobierno ha examinado las posibilidades y necesidad de dar soporte a este proyecto. Nuestra posición es que vamos a ayudarles”, en referencia a Novatek.

Como es sabido, las sanciones propuestas por la UE pueden llegar a incluir la prohibición de comprar nueva deuda emitida por instituciones financieras rusas. También podrían restringir el acceso de Rusia a las infraestructuras y conocimiento que ofrecen las ingenierías europeas para la conducción y perforación en yacimientos de gas.

Aunque los políticos se han esforzado en explicar que estas medidas no han de afectar al suministro energético, lo que sí es indudable es que estas pueden retrasar considerablemente los proyectos mencionados, con el consecuente efecto en nuestra economía.

Estos dos ejemplos muestran una vez más cuán dependientes se han vuelto las economías de Rusia y Europa desde la caída del Muro, dependencia que no afecta tanto a ingenierías como a agricultores que ven el precio de sus productos caer, ya que Rusia supone para España el tercer consumidor extracomunitario de alimentos frescos, fundamentalmente fruta, carne y vino. Sin olvidar el sector turístico, que ve el número de visitantes rusos estancarse con motivo del veto ruso, y que hemos notado en España al reducirse en un millón el número de visitantes en el último año. Este dilema geopolítico es la razón principal por la que a políticos europeos y técnicos en materia energética les genera una gran duda el ampliar y endurecer las sanciones al nivel deseado por Estados Unidos y la opinión pública. También pone de manifiesto la necesidad de un debate más amplio, profesional y riguroso sobre el fracking, las prospecciones en Canarias, la energía nuclear, las renovables...

Sin olvidar que Rusia también tiene mucho que perder. Algunos expertos, como Moisés Naim, hablan de una fuga de capitales enorme (74.000 millones de dólares en el primer semestre), de un brusco frenazo en la inversión y exportaciones, de una devaluación del rublo a mínimos históricos que ha hecho que el Kremlin haya tenido que echar mano del fondo de pensiones para mantener a flote a determinadas empresas que han sufrido al perder acceso a los mercados internacionales; en definitiva, más paro y más pobreza, que a término acabará pesando sobre la popularidad de Vladimir Putin. Por todo ello, a corto plazo solo podemos desear un contexto internacional que permita mejorar las relaciones entre grandes bloques, condenados inevitablemente a entenderse.

Eduard Saura es socio director de Accuracy España.

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