Aena pagará hasta 650.000 euros por la ‘comfort letter’ para su OPV
El Gobierno sigue adelante con el proceso de salida a Bolsa de Aena, la mayor privatización de una empresa pública de los últimos 16 años. El gestor de los aeropuertos españoles publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación de los servicios de auditoria externa para la realización de la carta de conformidad (comfort letter), el documento que valida la información financiera de los últimos tres años de la compañía.
Un documento por el que el Ejecutivo paralizó el pasado 31 de octubre la oferta pública de venta (OPV) de Aena, cuyo debut estaba previsto inicialmente para el 12 de noviembre. El Gobierno exigió que se realizara una convocatoria pública para elegir al firmante de la comfort letter, pese a que es habitual que el auditor de la empresa, en este caso PwC, sea el encargado de elaborar la carta de conformidad dado que conoce las cuentas de la empresa.
Aena ha optado por tramitar el procedimiento de forma urgente, por lo que la fecha tope para la presentación de ofertas finaliza el 24 de noviembre, tiempo tras el que la firma seleccionada deberá para auditar las cuentas del gestor aeroportuario y emitir su carta de conformidad. En el caso de que no sea PwC la elegida, la seleccionada deberá revisar las cuentas de los últimos tres años y comprobar que lo asegurado en el folleto es correcto.
El plazo de ejecución para este trabajo quedará, según la licitación, finalizado el próximo 12 de febrero, aunque deberá haber finalizado anteriormente para que el folleto sea aprobado por Consejo de Ministros y CNMV. La compañía tiene de plazo hasta el 15 de febrero, domingo, para debutar en el parqué, día en el que se cumplen los 135 días de plazo desde que presentó sus últimos resultados trimestrales, cerrados el 30 de septiembre. De no ser así, Aena debería volver a retrasar el proceso, posiblemente a mayo, para contar con las cuentas del cuarto trimestre del año.
Según el pliego de condiciones publicado ayer, la carta de conformidad para la OPV de Aena tiene un presupuesto de 650.000 euros, más IVA, cuantía que se sitúa entre los 600.000 euros que se destinaron a ella en la salida a Bolsa de Logista y entre el más de un millón que destinó Bankia para su oferta pública. Un importe muy superior a los 48.000 euros que cobró PwC por auditar las cuentas del gestor aeroportuario en 2013.
La licitación establece que la mesa de contratación será la encargada de seleccionar entre las empresas que hayan solicitado su participación a cinco, que pasarán a una segunda fase. Serán estas compañías las que reciban una invitación para entregar sus proposiciones en el plazo de 10 días, que incluirán una parte técnica y una económica. Para aprobar la parte técnica tendrán que obtener una puntuación superior a 70 puntos. En la evaluación de la oferta económica se asignarán 80 puntos a aquellas propuestas cuyo presupuesto sea de 650.000 euros y 100 puntos a aquellas ofertas que sean más económicas.
Las auditoras interesadas en presentarse al concurso no podrán plantear más que una oferta, ni podrán presentarse en una unión temporal de empresas si ya han solicitado el trabajo de forma individual. Tampoco podrán forma parte de varias uniones temporales. Las interesadas deberán acreditar, además, que han auditado las cuentas de al menos tres empresas pertenecientes al Ibex 35 en los últimos tres años, lo que facilita que entre las interesadas se encuentren las cuatro grandes auditoras.
Una vez completado el trámite de la ejecución de la comfort letter, Aena podrá continuar con su proceso de OPV, mediante el que colocará en el mercado un 28% de su capital. Otro 21% se quedará en manos un núcleo duro de accionistas, que ya ha sido adjudicado a Corporación Financiera Alba, que ostentará un 8%, Ferrovial, que tendrá un 6,5%, y el fondo de inversión británico The Children’s Invesment Fund (TCE), que mantendrá otro 6,5%. Los tres integrantes del núcleo duro tienen el compromiso de invertir en Aena, siempre y cuando salga a Bolsa antes del 16 de abril del próximo año. El Ejecutivo, por su parte, mantendrá una participación de control del 51% en la empresa presidida por José Manuel Vargas.
Una señal de confianza para el mercado
El concurso para la realización de la comfort letter dará, según el Ejecutivo, “confianza y certidumbre a los mercados”, tal y como declaró el martes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.
Gómez-Pomar insistió en que el Gobierno “ha hecho la cosas bien y quiere seguir haciéndolo bien hasta el final y, por ello, aunque la práctica habitual en todas las salidas a bolsa es que el auditor de la compañía sea el que emita también las cartas de conformidad ha acordado poner en marcha una nueva contratación del auditor mediante un sistema que garantice la publicidad y la concurrencia”.
Las auditoras interesadas en presentarse al trabajo deberán entregar una fianza provisional de 13.000 euros, a la que deben sumar un seguro de responsabilidad civil, con un límite mínimo de indemnización de 600.000 euros por siniestro.
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