Los contratos de Cofely sobre los que investiga Velasco

El director general de Cofely España, Didier Maurice (a la izquierda de la foto) con el alcalde de Parla, José María Fraile. Ambos han sido detenidos en el marco de la operación 'Púnica'.

Cuatro contratos de la compañía Cofely España están llamando especialmente la atención de la Guardia Civil, dentro de la investigación abierta este lunes tras la operación Púnica sobre la trama de corrupción en la que están presuntamente involucrados el exdirigente del PP, Francisco Granados, y seis alcaldes de la Comunidad de Madrid, entre otros, según Efe.

Esta filial del grupo GDF Suez, que es supuestamente la principal beneficiaria de la trama, protagonizó entre 2013 y este año cuatro adjudicaciones por un importe global de 181,2 millones de euros con otros tantos municipios de las inmediaciones de Madrid: Móstoles, Collado Villalba, Valdemoro y Parla.

El Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado por el PP, encargó a Cofely, compañía especializada en instalación, mantenimiento y eficiencia energética, el “suministro, los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por los edificios y equipamientos incluidos en los inmuebles municipales y alumbrado público”, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de febrero de este año. La licitación, por un importe total de 60,8 millones de euros, fue adjudicada el 5 de diciembre de 2013 y fue formalizada el día 27 del mismo mes.

Agustín Juárez, del PP y alcalde de Collado Villalba, es uno de los seis regidores detenidos en el marco de la investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y es también la autoridad que firmó el anuncio, publicado en el BOE del 12 de junio de este año, de un contrato de este municipio a Cofely. Su objeto, “servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones de los edificios municipales y de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética del Ayuntamiento”. El importe total de la adjudicación, aprobada el 13 de mayo de este año y formalizada el día 2 del mes siguiente, es de casi 43 millones de euros.

El contrato que la filial de GDF Suez firmó el 20 de mayo de este año con el Ayuntamiento de Móstoles, regido por el PP, tiene un objeto muy parecido a los demás que el Instituto Armado está estudiando: “suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de edificios municipales y centros educativos del municipio”. El importe total de la licitación, que fue formalizada el 17 de junio, es de 73 millones de euros.

El cuarto de los contratos sobre los que apuntan las sospechas de los investigadores, fue aprobado el 30 de mayo de 2013 por el consistorio de Parla. El alcalde de este municipio del sur de la capital, el socialista José María Fraile, es uno de los seis detenidos en el marco de la operación Púnica. La licitación fue concedida para el suministro, los servicios energéticos de los edificios municipales, el alumbrado público y los semáforos de Parla. El importe es sustancialmente inferior a los de las otras tres y alcanza los 4,4 millones de euros.

A media tarde del miércoles, de los 36 arrestados en la operación Púnica, además de los 14 imputados, cuatro habían declarado ante el juez: los alcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP), y de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, y el empresario Francisco Ruiz, informó EFE.

A lo largo de esta tarde, está previsto que Eloy Velasco tome declaración a otros 13 detenidos, entre los que se encuentran el director general de Cofely, Didier Maurice, y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva.

Las otras Administraciones alejan las sospechas

Las Administraciones locales que tienen o han tenido algún tipo de relación con Cofely -la filial del grupo GDF Suez investigada en el marco de la operación 'Púnica'- están intentando alejar las sospechas de corrupción, mientras la Guardia Civil está mirando con lupa los contratos que los consistorios de Móstoles, Collado Villalba, Valdemoro y Parla tenían con la empresa, según Efe.

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a Cofely seis licitaciones por un valor de 556.814 euros desde 2009, ha relatado este miércoles la delegada de Economía y hacienda, Concepción Dancausa, quien ha subrayado que la Administración de la capital “no tiene ningún problema en esta cuestión”. La alcaldesa, Ana Botella, ha señalado que el Ayuntamiento “no está dentro de esa operación”, refiriéndose a la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, sin embargo, ha revelado que otra de las empresas investigadas, Waiter Music, se adjudicó unos servicios relacionados con la fiesta de La Paloma, por lo que ha pedido que el consistorio dé explicaciones. “No hay ningún problema en dar cumplida cuenta de toda la contratación pública que gestiona el Ayuntamiento, ha asegurado al respecto el portavoz del Gobierno municipal, Enrique Núñez.

UPyD, por su parte, ha anunciado que va a interponer una denuncia en los juzgados contra la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo gerente, José Martínez Nicolás, fue detenido en la operación 'Púnica', con relación a unos contratos con la empresa Price Waterhouse Coopers (PWC), a raíz de los cuales se habría contratado a familiares de altos cargos de la Comunidad.

Esta misma formación política ha destacado, además, que el Ayuntamiento de Getafe adjudicó a la empresa Cofely un contrato de 1,2 millones de euros en 2009, con el gobierno de PSOE e IU, y otro de 164.000 euros en 2013, bajo el mando del PP, mientras que se está pendiente de la adjudicación de una licitación de 2,8 millones a la que se ha presentado junto a otras empresas. La portavoz del grupo municipal, Esperanza Fernández, ha registrado una petición de información al Gobierno municipal para que facilite toda la documentación relativa a estos contratos.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el gerente del Servicio gallego de Salud (Sergas), Antonio Fernández-Campa, se dirigirá al juzgado que instruye la operación 'Púnica' para poner a su disposición un contrato adjudicado a Cofely en agosto de 2013 por 11 millones de euros, por si desea “revisarlo o auditarlo”.

En cuanto al Parlamento vasco, la secretaria general del PSE-EE, Idioia Mendia, ha solicitado que se remita a esta Cámara el expediente relativo a un contrato firmado en su etapa como consejera de Justicia con Cofely. EH Bildu ha presentado una petición de documentación en este mismo sentido.

Por su parte, el consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que con la empresa Cofely, que gestiona la central de energía de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela, “se ha actuado con transparencia, objetividad y cumpliendo la ley”. “Es una empresa que no incurría en ninguna cláusula de exclusión y por tanto se realizó con toda la objetividad y sometido a todos los controles y fiscalizaciones incluido el de la Cámara de Comptos, realizado con plena objetividad y transparencia”, ha apuntado.