Tribuna

Adicciones, ¿nuevas reglas?

El 23 de enero de 1912, hace más de 100 años, se celebró la primera convención internacional sobre drogas y adicciones en La Haya. Su objetivo era abordar el control de drogas en Europa. Un siglo más tarde, y a pesar de los distintos esfuerzos gubernamentales, nuestra sociedad sigue luchando por formular políticas que gestionen de manera efectiva los problemas relacionados con el consumo y el tráfico de drogas. En este contexto, celebramos la presentación esta semana del informe innovador de la Comisión Global en Política de Drogas (www.globalcommissionondrugs.org), de la que forman parte el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, un grupo de expresidentes de Gobierno de todo el mundo y personalidades de gran prestigio internacional.

Alineándose con varios estudios sobre la gobernanza de las adicciones, el informe de la comisión subraya la ineficacia de la llamada “guerra global contra las drogas”, muy centrada en los aspectos punitivos y su fracaso a lo largo de las últimas décadas. Esta guerra no ha solventado el problema que pretendía atacar: la reducción del mercado de la droga. Y, además, ha generado daños colaterales: el contagio de enfermedades como la hepatitis o el sida, la criminalización masiva y la encarcelación, un derroche de recursos públicos, corrupción, la creación de redes de crimen organizado y la desestabilización de países en la geopolítica mundial (Colombia, México, Centroamérica y los pertenecientes a la ruta de la seda, entre otros).

Coincidimos en que, como indica el informe, es necesario un régimen de control de drogas mundial nuevo. También en que las medidas basadas en ideologías represivas deben ser sustituidas por políticas más humanas y eficaces. Incluso la Administración Obama ha dicho que la guerra contra las drogas es el pasado. Tal como demuestran los estudios comparados de 28 países europeos sobre políticas públicas para gestionar los problemas de drogas (Ysa et al., 2014), ya existen alternativas para superar estas limitaciones: abordar el problema de las drogas como un problema de salud pública, y no desde una perspectiva moralista y criminalizadora, donde las políticas públicas sitúen la salud y el bienestar de la sociedad en el centro del debate.

Lo fundamental es que las nuevas políticas deben estar basadas en que la salud y la seguridad de las personas es lo más importante. El informe aboga por la descriminalización del uso y la posesión de sustancias ilícitas y la promoción de medidas de reducción de daños –orientadas a mitigar las consecuencias negativas que el uso de sustancias adictivas provoca sobre la salud, la sociedad y la economía–.

No obstante, es importante mencionar las dificultades asociadas a la implementación de estas políticas. Los más de 100 años de experiencia europea demuestran que aún existen países anclados en un enfoque tradicional, de intervención reactiva, centrados en lo punitivo. Otro grupo de países se caracteriza por una transición hacia un enfoque centrado en la seguridad y las enfermedades, pero solo para sustancias ilícitas. Un tercer grupo ha avanzado en regular las sustancias adictivas legales (como el alcohol y el tabaco), cuyo abuso ha demostrado generar enormes daños sociales. Y un último grupo, entre el que se encuentra España, son iniciadores de tendencias en tres actuaciones principales: descriminalización, reducción de daños y regulación de sustancias legales.

A pesar de que estudios científicos demuestran que estas tres políticas son las más efectivas para fomentar el bienestar de la sociedad, ningún país de la UE implementa las tres de manera comprehensiva. Este parece ser el siguiente reto para fomentar el bienestar y la salud entre la sociedad. Y para ello es necesario contar con un sistema de gobernanza inclusivo en el que se tengan en cuenta a los principales actores públicos y privados.

La clara ineficacia de las medidas criminalizadoras a lo largo de más de medio siglo, el creciente número de organizaciones criminales, los peligros derivados de estas organizaciones y las vulneraciones a los derechos humanos hace injustificable que los Gobiernos sigan invirtiendo dinero público en medidas contraproducentes. Por esta razón, damos la bienvenida al reciente informe de la Comisión Global en Política de Drogas y esperamos que su aplicación, aunque complicada, se produzca cuanto antes.

Adrià Albareda y Tamyko Ysa. ESADE Business School /Law School