Los imputados reconocen que las tarjetas eran para gastos personales

El juez Andreu fija para Blesa una fianza civil de 16 millones y de tres para Rato

El juez Fernando Andreu ha fijado una fianza de 16 millones de euros para Miguel Blesa y de tres millones para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia.

 La Fiscalía Anticorrupción había solicitado que se impusiera una fianza de responsabilidad civil a los expresidente de Caja Madrid por los 15,5 millones de euros que cargaron a las tarjetas opacas los beneficiarios de las mismas. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente de Economía, se ha adherido a la petición.

El juez ha ido más allá de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y del FROB y ha elevado los importes. Hay que recordar que son fianzas para cubrir la posible responsabilidad civil, de modo que su impago no implicaría en ningún caso la entrada en prisión. En todo caso, no depositar la fianza desencadenaría el embargo de sus bienes, según fuentes jurídicas.

Sistema creado previamente

Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Caja Madrid, se ha desvinculado esta tarde de la creación del sistema de tarjetas opacas de la entidad financiera: “Cuando se creó el sistema ni siquiera trabajaba en Madrid”, ha asegurado ante el juez Fernando Andreu, según fuentes financieras.

Es más, Barcoj ha asegurado que las tarjetas eran responsabilidad explícita de los presidentes de la entidad, de forma que ha señalado con el dedo a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato. El exjecutivo añade que Rato fue quien reactivó las tarjetas, en febrero de 2012, coincidiendo con la rebaja del sueldo para los directivos de entidades rescatadas de 600.000 euros anuales como máximo ordenada por Luis de Guindos.

"Yo conocía de su existencia antes de entrar"

La versión del exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, es diferente. Asegura que Sánchez Barcoj le entregó dos tarjetas: una de empresas para gastos de representación y otra para gastos personales. Es más, Rato ha señalado que la existencia de las tarjetas para gastos era conocida sobradamente. "Yo conocía de su existencia antes de entrar", ha declarado ante Andreu.

El presidente de Bankia hasta la llegada de José Ignacio Goirigolzarri ha indicado que él decidió restringir el uso de las tarjetas a tan solo cinco consejeros: él mismo, Francisco Verdú (que nunca llegó a utilizarla, ni siquiera la activó), Sánchez Barcoj, Matías Amat y José Manuel Fernández Norniella.

Desde mayo de 1988

La declaración de Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y enero de 2010, ha sido tajante: cuando él llegó las tarjetas B existían desde hace mucho tiempo. Es más, ha presentado ante el juez un acta de un consejo de la caja de ahorros del 23 de mayo de 1988 –cuando el presidente de la entidad era Jaime Terceiro–, otras de ese año y también de 1994 y 1995. En un principio, esas tarjetas estaban disponibles solo para los miembros de la comisión de control, si bien su uso fue amplíandose después.

Ante las preguntas que le han realizado en presencia del juez, Blesa ha reconocido que dio luz verde a las tarjetas, si bien que siempre elevaba esa decisión a la comisión correspondiente y que sus miembros son los que podrían dar explicaciones. En ese punto, el fiscal le ha espetado que él era el presidente de la entidad por aquel entonces: "Las explicaciones tiene que darlas usted".

Problema fiscal

Los tres imputados han reconocido que las tarjetas B estaban a gastos personales y no han tratado de justificarlos como gastos de representación. El matiz está en cómo denominaban esa especie de retribución.

Sánchez Barcoj ha denominado a esos gastos como "complemento retributivo flexible", Blesa los ha llamado "complemento retributivo de libre disposición" y Rato ha dicho que eran "retribución". Es decir, el exvicepresidente del Gobierno ha indicado que no era ningún complemento, sino que su uso se descontaba del salario asignado.

Fiscalidad

La defensa de los imputados sobre la no declaración en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del importe gastado con las tarjetas pivota esencialmente en que no podían darse cuenta de si estaba incluida esa cantidad. Miguel Blesa, que gastó 436.900 euros entre 1999 y hasta que abandonó Caja Madrid en enero de 2010, ha señalado que el importe anual representaba apenas el 2% de sueldo. Miguel Blesa llegó a tener un salario de 3,5 millones de euros anuales en Caja Madrid.

Posibles delitos

Las declaraciones de los tres exejecutivos de la entidad servirán para la investigación que el juez Andreu ha encargado a los dos peritos del Banco de España que analizan el caso Bankia y será la base sobre la que concretar acusaciones.

Por el momento, el juez ha declinado ampliar la imputación a otros exconsejeros titulares de tarjetas B en espera de que se pronuncien los peritos. Fuentes jurídicas reconocen las dificultades de imputar a los consejeros un delito de fraude fiscal. Los gastos con esta tarjeta no se reconocían como parte del salario en la declaración del IRPF, pero esto no constituye delito si se hizo por una cantidad inferior a los 120.000 anuales, un límite que no se supera en ningún caso. Además, el delito fiscal prescribe al cabo de cinco años, lo que beneficiaría a buena parte de los titulares y de las cantidades recibidas.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha apreciado posibles delitos societario, de apropiación indebida y de gestión desleal. El experto contratado por Bankia para elaborar el informe jurídico sobre las tarjetas B, Herbert Smith Freehilss –que investigó el uso de las tarjetas B a petición de Bankia, quien luego envió el informe al FROB–, no ve en cambio pertinente abrir la vía penal.

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