Abre una investigación para tomar una decisión en firme en dos semanas

CC OO suspende cautelarmente a sus seis implicados en el caso de las tarjetas ‘black’

El miembro de la Ejecutiva cconfederal de CCOO,  Rodolfo Benito. EFEArchivo
El miembro de la Ejecutiva cconfederal de CCOO, Rodolfo Benito. EFE/Archivo EFE

La Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obrera decidió ayer “suspender de militancia cautelarmente” a las seis personas ligadas al sindicato que utilizaron tarjetas opacas de Caja Madrid entre 2003 y 2012 ante la “situación de alarma social y de indignación entre los afiliados” del sindicato.

“Nunca se debió aceptar esta forma de retribución y mucho menos hacer uso de ella”, declaró la comisión en una nota en la que pedía disculpas a afiliados, trabajadores y ciudadanos, y anunciaba la apertura de una “profunda investigación” interna. Esta deberá dilucidar en “dos semanas” el objeto de los gastos cargados a las citadas tarjetas black por parte de los afiliados a CC OO y establecer las “medidas disciplinarias” oportunas, avanzando que antes de eso se procederá a la expulsión inmediata de todo aquel que no colabore en las pesquisas.

A tal efecto, los seis han solicitado ya a Bankia una copia de las transacciones realizadas con la tarjeta para tratar de justificar sus operaciones, si bien la entidad confirma que aún no ha podido darles una respuesta sobre un asunto que está judicializado.

La medida afecta entre otros a un lider de renombre de la formación, Rodolfo Benito, de quien se aceptó la dimisión que presentó el viernes como responsable del servicio de estudios, tras hacerse público que gastó 140.600 euros de la tarjeta (17.600 euros anuales). Queda suspendido también el autor del mayor gasto del grupo, Francisco Baquero, que según la central lleva tiempo desligado de la actividad sindical, y que utilizó 266.400 euros de la tarjeta (38.100 euros anuales).

Entre los afectados por la medida se encuentra Gabriel Moreno, que actualmente representa a la central en Bankia, y al que le corresponde la menor cuantía del grupo, 28.500 euros, a una media de 2.900 euros anuales. Los otros tres son Antonio Rey de Viñas, que gastó 191.500 euros (19.100 anuales); Juan José Azcona Olondriz que hizo uso de 99.400 euros (10.000 anuales); y Pedro Bedia, que accedió a 78.200 euros (7.800 anuales) de este fondo sin justificar que utilizaba Caja Madrid.

Del lado sindical, también dimitió el pasado viernes el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez (44.200 euros gastados en tres años), mientras que el área de banca defiende que su último representante, Rafael Torres, está justificando cada uno de los 82.300 euros que gastó (16.500 anuales).

Por su parte, la patronal madrileña CEIM ha respaldado esta semana a su presidente, Arturo Fernández, quien tras defender inicialmente que gastó 38.800 euros (13.900 al año) en viajes y comidas, ha manifestado que devolverá el dinero. La momentánea suspensión de los hombres de CC_OO se suma en todo caso a la pérdida, voluntaria u obligada, del cargo por parte de otra decena de personas ligadas al escándalo de las tarjetas opacas. Entre todos suman un gasto de dos millones de euros de los 15,2 registrados.

La última dimisión conocida ayer fue la del presidente del PP de Arganzuela, José Nieto Antolinos (gastó 19.800 euros en dos años). También durante la jornada se hizo pública la salida del consejo de Servihabitat, la plataforma inmobiliaria de Caixa que fue vendida en un 51%_al fondo texano TPG, del exministro y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, aunque fuentes del grupo señalaron que la decisión se tomó el pasado agosto.

Ingresos sindicales

Desde UGT aseguran que la entrega de tarjetas de crédito a consejeros fue una práctica exclusiva de Caja Madrid. Para ellos –variaba según la persona– tenían un límite de 1.300 euros al mes cuyo traspaso simplemente suponía una llamada de atención. Lo normal, aseguran, era que las cajas pagaran una dieta al consejero quien a menudo la dividía en tres partes: una para la central, otra para gastos de representación y otra para cubrir el coste fiscal.