Editorial

Negociar para escapar de la espiral catalana

La clarificación de los orígenes de los conflictos políticos y el consenso en el diagnóstico de cómo superarlos es fundamental para afrontarlos. Pero, aunque siga siendo importante desentrañar la génesis de la deriva soberanista para reconducir el encaje de Cataluña en España, el consumo rápido de etapas a la que los acontecimientos la han sometido aconseja hacer abstracción de muchos detalles en aras de una solución. Los mercados financieros hasta ahora no han mostrado una preocupación anormal por la evolución de los acontecimientos, y hasta los empresarios advierten que no es una cautela por la que los inversores preguntan masivamente en las reuniones internacionales. Pero la confrontación entre la Generalitat y el Gobierno ha llegado a tal punto, con decisiones que rayan la prevaricación política por parte de la primera y la firmeza institucional del segundo para desactivarlas, que es cuestión de tiempo que se traslade a la economía. Tanto a la financiera como a la puramente doméstica, con riesgo de paralizar una demanda que ha empezado a movilizarse y puede frenar en seco la recuperación en todo el país. Todas las aspiraciones políticas de los pueblos, por extemporáneas que parezcan, tales como levantar fronteras en un continente que, como el europeo, solo busca derribarlas para integrar y cosmopolitizar pueblos y culturas, son legítimas y democráticas; pero pierden tales atributos si buscan para abrirse camino el atajo tosco de la ilegalidad impuesta por unos pocos a la mayoría. La espiral engordada por los partidos soberanistas catalanes tiene un basamento de agravios económicos, discutibles algunos de ellos, que deben ser atendidos. Pero debe desterrarse la idea engordada en este conflicto de que la huida hacia delante experimentada hasta ahora por el Gobierno de Barcelona, anclado en una movilización callejera jaleada por él, ha generado un derecho a negociar un trato diferencial a los ciudadanos catalanes en la Constitución y en la relación financiera con el Estado. No puede establecerse tal lógica, porque sería fácilmente replicable y pondría en cuestión la existencia misma del Estado.

Pero la relación financiera con Cataluña debe ser revisada sin cambios en la arquitectura general, para plantear después, con sosiego, un modelo de convivencia constitucional en el que la discusión se amplíe a toda la ciudadanía. Sería bueno que el conflicto hubiera entrado con la convocatoria ilegal de la consulta y su paralización en el sprint final, en vez de desatar escenarios más conflictivos para superar el embrollo. Con este Gobierno catalán o con otro, Moncloa debe buscar un entendimiento para el que existe base de diálogo (lo entregó Mas a Rajoy hace dos meses). La economía urge cerrar este paréntesis para abrir otro más largo de negociación institucional a nivel nacional que lime las aristas del modelo territorial y proporcione durabilidad.