La patente, herramienta de negocio
Mientras el Gobierno prepara una reforma para simplificar la obtención de títulos de propiedad industrial, la caída de las solicitudes persiste
Si no se crea ciencia, no hay innovación de verdad. Pero si esa invención no se protege con el derecho de propiedad industrial, difícilmente podrá explotarse comercialmente. Por eso, la cantidad de patentes que tramita un país puede dar una idea, no solo de su capacidad de investigación científica, sino también de la competitividad de su economía.
Los datos en España muestran que esa secuencia (innovar-patentar-vender) no siempre se cumple. Mientras que las solicitudes de registro de marcas han aumentado un 7,9% en la primera mitad del año en comparación con el mismo periodo de 2012, las de patentes han caído un 7,1%, según un informe de la consultora Pons basado en estadísticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Con este resultado, las primeras acumulan un repunte del 8,6% en los dos últimos años, mientras que las segundas suman un descenso del 12% en el mismo período.
"Si gasto en I+D, pero no patento, después no tendré manera de recuperar esa inversión”, advierte Alberto Rabadán, experto de Pons
Registrar una marca es relativamente fácil y rápido (si no hay problemas todo el proceso puede tardar entre 3 y 6 meses), por lo que su crecimiento sugiere que la economía comienza a reanimarse.
Obtener una patente, en cambio, puede tomar entre dos y tres años. Lo persistente de su caída tiene causas más profundas.
“Nuestro tejido empresarial no es y nunca ha sido proclive a patentar. Lo demuestra el hecho de que siempre estamos fuera del ranking de los 10 países del mundo que más protegen sus invenciones”, comenta Nuria Marcos, directora general de Pons Patentes y Marcas.
En efecto, el año pasado España se situó en el puesto 15o en la clasificación global de patentes PCT (aquellas que tienen efecto internacional), con 1.673 solicitudes, menos del 1% del total, de acuerdo a un estudio de la Online Business School (OBS) publicado en junio pasado.
Estados Unidos encabezó la lista con 57.036, seguido de Japón (43.911), China (21.512) y Alemania (17.942).
“Esta falta de conciencia respecto a la propiedad industrial se debe, en nuestra opinión, a que las compañías no consideran que las patentes aporten a su negocio una diferencia competitiva relevante y, sin embargo, sí les exige un esfuerzo económico”, precisa Marcos.
Juan Martínez Armesto, experto de la unidad de protección de resultados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), recuerda que las marcas siempre van por delante de las patentes porque su trámite es más rápido y sencillo, ya que requieren menos innovación. “Basta con que a alguien se le ocurra un nombre original”, puntualiza.
“La patente, en cambio, protege un método de fabricación o el funcionamiento de un dispositivo. En una sociedad como la nuestra, que se ha subido tarde al tren de la innovación, es lógico que registrar un derecho de este tipo cueste más”, explica.
Esta situación se ha agravado en los últimos años por la reducción de las subvenciones a la I+D, ya que en España, gran parte de las patentes son presentadas por universidades y organismos públicos de investigación.
De hecho, tres universidades y dos instituciones públicas figuran entre los 10 principales solicitantes de patentes en 2013: las Politécnicas de Madrid y Cataluña, la Universidad de Sevilla, el CSIC y el Servicio Andaluz de Salud. Sólo tres empresas aparecen en el ranking: Abengoa, Seat y BSH Electrodomésticos, filial de la alemana Bosch.
“La financiación pública ha venido bajando desde 2010, pero como existe un desfase entre que el científico recibe la ayuda y concluye su investigación, el efecto de ese recorte ha empezado a notarse en 2012 y 2013”, apunta Martínez.
Por otra parte, advierte que las estadísticas nacionales no reflejan las solicitudes que empresas españolas tramitan ante la Oficina Europea de Patentes, una opción que se abrió en 1986 cuando el país firmó el Convenio de la Patente Europea, por lo que el descenso podría ser menor. Las patentes que se obtienen por esta vía tienen efecto solo en los países miembros del Convenio que se desee (38, entre ellos España).
Sin embargo, de acuerdo con el estudio de la OBS, la agencia europea recibió el año pasado 1.504 solicitudes procedentes de España, un 2,8% menos que en 2012. Por su parte, la OEPM tramitó el año pasado 3.133 expedientes, lo que equivale a un descenso interanual del 6,78%. Estas últimas solo tienen efecto en el mercado nacional.
La OEPM no publica datos desglosados por tamaño de empresa, pero si se tiene en cuenta que el tejido empresarial español está formado en su mayoría por pequeñas empresas, “lo que debemos demandar a nuestro Gobierno es un sistema que simplifique y abarate el procedimiento”, insiste Marcos.
La experta reclama también “un sistema de transferencia tecnológica eficaz, que permita la coordinación público-privada en la generación de patentes útiles para las empresas y la sociedad”.
Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobó en abril pasado el anteproyecto de la nueva ley de patentes, que sustituirá a la que está actualmente en vigor y que data de marzo de 1986. El objetivo de la reforma es simplificar, acelerar y fortalecer la concesión de patentes para fomentar y proteger la innovación.
Para ello, establece un único procedimiento que condiciona la concesión de la patente al resultado de un examen previo de los requisitos de novedad y actividad inventiva. Si el solicitante no pasa esta prueba ni subsana las observaciones de la agencia, no obtiene el reconocimiento.
Solo en tasas, obtener una patente en España cuesta entre 1.000 y 1.500 euros
Actualmente, este mecanismo convive con otro de carácter general que concede la protección independientemente del cumplimiento de estos requisitos, lo que a menudo desemboca en patentes débiles, que tienen poco o ningún valor de mercado.
Además, el procedimiento con examen previo da la posibilidad de que si un tercero se considera perjudicado por la concesión, pueda oponerse a ella por vía administrativa. Con el procedimiento general, en cambio, se ve obligado a recurrir a los tribunales de derecho mercantil.
“El anteproyecto consolida una serie de modificaciones parciales que España ha venido haciendo a la ley de 1986 en virtud de acuerdos internacionales que ha ido firmando y armoniza nuestra legislación con la de la mayoría de países europeos, ya que el procedimiento con examen previo es el mismo que utiliza la Oficina Europea de Patentes”, destaca el experto de CSIC.
El anteproyecto contempla también una reducción del 50% en la tasa de solicitud para emprendedores y pymes. Al respecto, Martínez precisa que la norma fijará las tasas, pero luego estas estarán sujetas a revisión anual en los presupuestos del Estado.
En cualquier caso, aclara que una cosa son las tasas y otra los costes del proceso. Esto último incluye los honorarios del asesor si la empresa decide contratar uno.
En ese sentido, estima que solo en tasas, obtener una patente en España cuesta entre 1.000 y 1.500 euros dependiendo también de si el proceso se alarga porque la agencia pide que se subsanen observaciones. A esto hay que sumarle los honorarios del asesor, que pueden variar entre 5.000 y 7.000 euros.
El coste puede desanimar a más de uno. Sin embargo, Alberto Rabadán, director técnico de Pons, asegura que el esfuerzo vale la pena. “La patente me otorga derecho de exclusividad sobre el resultado de mi investigación. Si no protejo mi invento, este lo puede utilizar cualquiera, incluso mis competidores. Si gasto en innovación pero no patento, no tengo manera de recuperar esa inversión”.
La patente, un respaldo a la hora de buscar financiación
“La patente es el equivalente a la escritura pública de una vivienda. Nadie va a comprar tu casa si no puedes demostrar que es tuya”, dice Arcadio García de Castro, consejero delegado de AzureBio, empresa dedicada a la fabricación de biomateriales para el sector sanitario.
Esta compañía de apenas nueve empleados consiguió en 2011 el respaldo financiero de las farmacéuticas Geiser Pharma y Galenicum, y de dos fondos de inversión, uno de la consultora Everis y otro de la sociedad de capital riesgo Clave Mayor, para desarrollar agujas de vacunación biodegradables.
Si una empresa tan pequeña como esta consiguió que estos inversores apostaran por ella con 800 millones de euros, fue en parte a su decisión de patentar este y otros proyectos en los que está trabajando.
“Ningún fondo de capital riesgo va a invertir en ti si no puedes garantizarle que tienes la tecnología en propiedad. Esto significa que nadie más que tú puede hacer uso de ella. Esa exclusividad de mercado te la da la propiedad industrial, por lo que patentar es esencial para recibir apoyo financiero”, subraya García de Castro. “La propiedad industrial forma parte del valor de una compañía”, remacha.
García de Castro, cuyo laboratorio tiene patentes concedidas en EE UU y Europa, recomienda a otros pequeños empresarios que estén interesados en proteger sus innovaciones, asesorarse bien sobre si lo que tienen entre manos es susceptible de patentar o no (ya que no todo lo es), definir bien en qué mercados desean ejercer este derecho y si el valor de negocio que derivará de él justifica la inversión.
