Por qué las pensiones no se pueden territorializar

Alejandro Meraviglia

Cada cierto tiempo surge en el debate público lo justo o injusto que es que unas regiones paguen más que otras y/o que reciban menos servicios públicos; que unas comunidades sean contribuyentes netas y financien a las que no lo son.

Las pensiones no escapan a este debate, a pesar de que la Constitución blinda su financiación solidaria entre las distintas comunidades y el propio Estado. Es lo que se denomina caja única de la Seguridad Social: el Estado recibe todos los ingresos por cotizaciones (por contingencias comunes y desempleo fundamentalmente) y este dinero lo reparte para el pago de todas las pensiones y prestaciones por desempleo contributivas (a las que se tiene derecho por haber cotizado a la Seguridad Social).

El hecho de que esta caja sea única para toda España garantiza que, independientemente de la comunidad autónoma donde viva el pensionista o el perceptor de la prestación por desempleo, éste recibirá una pensión idéntica si sus circunstancias son las mismas.

Tras más seis años de crisis y tras la pérdida de más de 3,5 millones de cotizantes, la Seguridad Social ha pasado de vivir los mejores años de su existencia, con superávit anuales de más del 1% del PIB, a ver año tras año números rojos también en magnitudes superiores al 1% del PIB; y a necesitar meter mano en el fondo de reserva creado en años de bonanza, para poder pagar las extra de verano y navidad de los pensionistas.

Esto ha dado paso a un déficit de la Seguridad Social el pasado año del 1,16% del PIB, lo que equivale a más de 11.000 millones de euros. Este enorme agujero presupuestario ha generado también que todas las comunidades hayan pasado a ser –a diferencia de antes de la crisis– receptoras netas de financiación para el pago de sus pensiones contributivas.

Esto es, todas ellas ingresan por cotizaciones menos de lo que se gastan en el pago de pensiones contributivas. Esto en un pasado reciente no era así;había algunas regiones en las que los pagos por cuotas a la Seguridad Social superaban con creces a la factura de sus pensiones. Y hoy en día, aunque sean todas las comunidades deficitarias en materia de pensiones no lo son todas en la misma medida ni mucho menos.

Así, los casos oscilan entre Asturias, que paga en pensiones un 60% más de lo que ingresa por cotizaciones o Madrid, la más saneada en este terreno, con unos números rojos de apenas el 6% más de gastos en prestaciones que ingresos por cuotas de sus trabajadores.

En esta horquilla están las más deficitarias:Castilla y León (un 48% más de gastos que de ingresos); Cantabria y Galicia (47%) y Extremadura (42%). Mientras que el grupo de las más saneadas lo forman junto a la capital, las islas Baleares y Canarias (que destinan al pago de pensiones un 12% más de lo que reciben en cotizaciones) y Cataluña (30%).

Estas fuertes diferencias alientan a algunos defensores de romper la caja única de la Seguridad Social. Sin embargo, hay una circunstancia muy básica que pasan por alto y que provoca estas diferencias, más allá del esfuerzo que supone pagar más de lo que se recibe. Esta circunstancia es que hay muchos jubilados que, tras terminar su vida laboral, deciden volver a residir a sus comunidades de origen y abandonar la región en la que cotizaron.

Por eso, cobran su pensión de jubilación en una comunidad distinta a la que contribuyeron al sistema. Esto provoca que las regiones naturalmente receptoras de actividad económica como Madrid, Cataluña o las islas reciben los ingresos de unos trabajadores que luego figurarán como receptores en otras comunidades sin tantos cotizantes. Que, además, suelen coincidir con las regiones más despobladas como Castilla y León, Galicia o Extremadura, lo que las convierte en las más deficitarias. A esto se añade, el caso particular de Asturias, donde sus pensiones provenientes de la minería son además el doble que la media, con lo que su gasto se dispara y la sitúa como la menos saneada de España. Esta circunstancia impide romper la caja única y mantener a la vez la justicia en el reparto de este pilar básico del Estado del Bienestar.