Cierra un pacto con sindicatos y CEOE y cree que se beneficiarán 30.000 futuros jubilados

Empleo permitirá jubilarse con 61 años a los despedidos que cotizan de su bolsillo

jubilación anticipada - pensiones
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Los Gobiernos suelen rectificar pocas veces. Pero en esta ocasión el Ejecutivo de Mariano Rajoy y en concreto su ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no se ha resistido demasiado.

La rectificación ha llegado hoy de manos de los responsables de la Seguridad Social, que cerraron un acuerdo con sindicatos y patronal para modificar un criterio administrativo que impedía jubilarse anticipadamente a los 61 años a unos 30.000 trabajadores habían sido despedidos individualmente antes del 1 de abril de 2013 y que actualmente cotizaban individualmente pagando las cuotas de su bolsillo.

Con este acuerdo, estos trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial hasta el 1 de enero de 2019, en las condiciones previas a la reforma de pensiones de 2011. Esto es, con 61 años y 30 años cotizados. Así como disfrutar los coeficientes penalizadores previos, algo más bajos que los actuales.

Tras el acuerdo de hoy, el Ministerio de Empleo emitirá, a través del órgano competente en esta materia, un nuevo criterio de interpretación de la ley vigente que permitirá a los mayores de 55 años que hayan suscrito un convenio especial con la Seguridad Social por haber perdido su empleo antes del 1 de abril de 2013 a través de un despido individual, que accedan a las citadas condiciones de jubilación parcial anteriores a la reforma de pensiones de 2011.

Según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, tras sellar este acuerdo, el organismo que él dirige actuará de oficio y reconsiderará la posición de cerca de 1.500 afectados a los que ya se les había denegado la pensión o una determinada cuantía de la misma en función al antiguo criterio interpretativo de la ley vigente desde el 13 de junio pasado.

Fue en esa fecha cuando se produjo la primera decisión de Empleo que levantó la polémica a principios de agosto. La Dirección de Ordenación de la Tesorería de la Seguridad Social emitió un criterio administrativo que modificaba la forma en la que se estaba interpretando la ley de Seguridad Social respecto a las jubilaciones anticipadas.

Así, dicho nuevo criterio consideraba que aquellos suscriptores de un convenio individual –que pagan la cotización de su bolsillo–, que habían perdido su empleo antes del 1 de abril de 2013, y que no provenían de un despido colectivo ni de un pacto de jubilación con sus empresas, debían considerarse trabajadores “en alta” en la Seguridad Social. Esto suponía, según la normativa vigente, que no podrían jubilarse a los 61 años, con las condiciones previas a la reforma de pensiones de 2011; algo que la ley si permitía a los trabajadores que hubieran sido despedidos por un ERE o hubieran pactado su retiro con la empresa, así como a todos aquellos despedidos individuales que no hubieran suscrito acuerdos particulares de cotización.

De hecho, tras saltar la polémica, la Seguridad Social informó recientemente sobre los nombres de unas 31.000 empresas que sí había suscrito acuerdos de jubilación con sus trabajadores o les habían despedido colectivamente y que sí podían jubilarse

Esta situación fue la que los sindicatos consideraron “gravemente discriminatoria” y les llevó a solicitar a Empleo que rectificase el nuevo criterio interpretativo emitido en junio y uno posterior del 1 de agosto que precisaba que tampoco podían jubilarse con 61 años los que cobraban el subsidio de mayores de 55 años y pagaban un convenio individual para completar su futura pensión. Por ello los sindicatos han mostrado su satisfacción tras conseguir la rectificación del Ministerio.

 

Salida urgente para los expedientes paralizados

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a los trabajadores que desde mediados de junio hasta ayer se hayan podido ver afectados por el cambio interpretativo de la ley. Además de comprometerse a rectificar de oficio los casos en los que ya se denegó la pensión, aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias “para resolver con la mayor urgencia y celeridad” las solicitudes de retiro que se habían paralizado en espera de una solución al conflicto. Y es que en agosto todos los expedientes afectados por la situación habían quedado aparcados.