El déficit fiscal de Madrid alcanza los 16.723 millones y duplica el catalán
País Vasco y Navarra, pese a ser comunidades ricas, son receptoras netas de recursos Los expertos publican los resultados de las balanzas fiscales
Seis años después, la sede del Ministerio de Hacienda sirvió otra vez de escenario para presentar las balanzas fiscales, que reflejan qué aportan los contribuyentes de una determinada comunidad a la caja común y qué reciben del Estado. A diferencia de 2008, cuando se informó de los resultados del ejercicio 2005, el informe publicado ayer no ha sido elaborado por el Gobierno, sino por tres profesores universitarios, Ángel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel.
El informe de los expertos recoge la situación en el año 2011 y refleja que la Comunidad de Madrid es, con diferencia, la región con un mayor déficit fiscal. Ángel de la Fuente, director de Fedea y que presentó ayer las balanzas fiscales, señaló que el dato era esperable en la medida en que Madrid es una de las comunidades con mayor renta per cápita. Los madrileños aportaron a la caja común 16.723 millones más de lo que recibieron. En términos absolutos, le sigue Cataluña, cuyo saldo fiscal negativo se situó en 2011 en 8.455 millones, la mitad que Madrid.
La Comunidad Valenciana, con un déficit de 2.018 millones y Baleares, con un saldo negativo de 1.483 millones, se ubican por detrás. Aunque en términos relativos, el déficit de Baleares alcanza los 1.329 euros por habitante, por encima de Cataluña (1.119 euros per cápita). En el caso madrileño, la cifra suma 2.575 euros. Salvo estas cuatro autonomías, el resto registra saldos fiscales positivos.
Cálculos realizados un “poco a ojo”
Los expertos elegidos por Hacienda para elaborar las balanzas fiscales parten del enfoque carga-beneficio, que imputa los gastos en función de los beneficiarios. Sin embargo, ello no siempre resulta sencillo y en el informe metodológico los expertos señalan que algunas distribuciones, como la imputación territorial del gasto en transporte se “han fijado un poco a ojo”. En este sentido, el enfoque carga-beneficio resulta más complejo.
¿A quién se imputa el gasto del Estado en el Museo del Prado? Si bien se encuentra en Madrid, también los gallegos o los catalanes pueden beneficiarse y el prestigio cultural del museo puede resultar positivo para el conjunto de España. Los expertos han optado por imputar el 75% del gasto a Madrid y respartir el 25% entre el resto de comunidades en función de diversas variables. De la Fuente señaló que ese mismo cálculo se realizó para otras instituciones como el Liceo barcelonés.
Para los expertos, el enfoque carga-beneficio es el mejor método para estimar el impacto redistributivo del sistema. La Generalitat de Cataluña, en cambio, se muestra favorable del enfoque flujo-monetario, donde el gasto se imputa en el lugar en el que se realiza, con independencia del beneficario último. Con esta fórmula, el déficit fiscal catalán se incrementa y se reduce el madrileño, en la medida en que todo el gasto derivado de ser la capital de España se imputa a la Comunidad de Madrid. A diferencia de lo que hizo el Gobierno en 2008, De la Fuente rechazó calcular las balanzas fiscales con ambas metodologías con el argumento de que el sistema flujo-monetario no resulta adecuado para analizar la redistribución del gasto público.
Hay que tener en cuenta que el sistema fiscal español es redistributivo, es decir, los contribuyentes con mayor renta pagan más y, por lo tanto, entra dentro de la normalidad que Madrid y Cataluña presenten un saldo fiscal negativo. Sin embargo, esta lógica no se cumple en determinados casos. El País Vasco y Navarra son, respectivamente, la primera y la tercera comunidad con mayor renta per cápita y, sin embargo, son receptoras netas de recursos. Es decir, los contribuyentes de ambas comunidades reciben más del Estado de lo que aportan. Los autores del informe reconocieron que se trata de una anomalía y De la Fuente recomendó que se corrigiera de forma paulatina.
Ambas comunidades cuentan con un sistema foral y recaudan la totalidad de impuestos en su territorio y, a posteriori, abonan una parte al Estado. De la Fuente señaló que debería modificarse la fórmula para determinar el cupo vasco y navarro y pidió que los territorios forales, sin perder su condición, contribuyan también a la solidaridad interterritorial. El País Vasco registró un superávit de 1.576 millones, un 2,43% de su economía. El PIB por habitante del País Vasco en 2011 alcanzó los 30.480 euros, un 34% por encima de la media y el doble que la región más pobre, Extremadura. Otro caso que llama la atención es el de la Comunidad Valenciana, cuyo PIB por habitante es el sexto más bajo de España –solo por encima de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias– y, sin embargo, es aportadora neta al sistema.
En principio, por sus datos económicos, los expertos sotienen que la Comunidad Valenciana debería presentar un superávit fiscal frente al Estado. La Comunidad Valenciana y también Baleares se encuentran penalizadas por el actual sistema de financiación autonómico, que es uno de los elementos, aunque no el principal que determina el resultado de las balanzas fiscales.
Según los cálculos elaborados por De la Fuente, ambas comunidades se encuentran a la cola en el índice de financiación por habitante ajustado. Cataluña y Madrid, que son las autonomías que con más insistencia reclaman una reforma del modelo de financiación autonómica se encuentran en la media. País Vasco, Navarra y La Rioja destacan como las comunidades con una mayor financiación.
De la Fuente defendió que las distancias deberían acortarse en la medida en que la financiación por habitante ajustado tiene en cuenta aspectos como el envejecimiento, la población en edad escolar o la dispersión territorial. Obviamente, una comunidad con una población más envejecida registrará un gasto social mayor que otra región con un porcentaje de ciudadanos en edad de trabajar más elevado. Para los expertos, la situación ideal sería que todas las autonomías se ubicaran en la media en el índice de financiación por habitante ajustado.
De la Fuente reconoció que, con los datos actuales, no se puede decir que todos los españoles tienen un igual acceso a los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia. En cualquier caso, el Ejecutivo ha pospuesto la reforma del sistema de financiación que se había comprometido a que entrara en vigor a partir del próximo año. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, actualmente no se dan las circunstancias adecuadas para abordar un debate que siempre genera tensiones entre los distintos territorios.