Es necesario optimizar la gestión del agua
España tiene la necesidad de reconfigurar el sector del agua, que se encuentra anclado en un modelo agotado que requiere un nuevo marco regulatorio. La estructura heterogénea de la industria, con más de 8.000 municipios y 2.000 operadores con competencias en distribución y alcantarillado, se traduce en ineficiencias operativas, falta de transparencia, complejidad en la política de precios, ausencia de la seguridad jurídica y ausencia de la rentabilidad necesaria para cubrir costes y garantizar la sostenibilidad del sector.
Además, según el Ministerio de Medio Ambiente, el sector necesita, aproximadamente, 19.000 millones de euros para cumplir con el Plan Nacional de Calidad del Agua y evitar las fuertes multas derivadas del incumplimiento de los estándares de calidad marcados por la Unión Europea.
Sin embargo, en un país con uno de los menores consumos a nivel europeo, con buenas infraestructuras y jugadores privados referentes a nivel internacional, el problema del agua no es una cuestión de capacidades sino de reordenamiento del sector. La urgente reconfiguración, cimentada sobre la necesidad de un renovado marco regulatorio y especialmente la figura del regulador, exige redefinir un conjunto de dimensiones.
En primer lugar, el sector carece de una estructura institucional homogénea de competencias (actualmente fragmentadas entre Estado, comunidades autónomas y municipios) que dificulta el establecimiento de un modelo de gestión unitario. Sin embargo, existen casos de éxito, como la Comunidad de Madrid, que pueden constituir un modelo para la definición e integración de competencias.
Segundo, optimizar la organización territorial aprovechando las economías de escala y alcance en el sector mediante una adecuada ordenación y agregación a nivel de gestión conjunta en unidades supramunicipales. Como ejemplo, la ley Galli de 1994, inspirada en el modelo británico, redujo la estructura de 8.100 municipios a 91 áreas territoriales óptimas (ATOS).
Tercero, ajustar la política tarifaria. En la actualidad, los precios ni son sostenibles ni reflejan los costes reales, afectados por subvenciones o conceptos incorporados como cánones de concesión. Al no conocerse con precisión los costes reales, estos no pueden repercutirse en los precios (España es de los pocos países europeos que no cumplen el principio full-cost recovery) ni traducirse en rentabilidad para el sector, público o privado. Según nuestras estimaciones, la integración de sistemas de gestión podría generar un ahorro del 25%-30% sobre los costes actuales.
Cuarto, la falta de estabilidad jurídica y garantía de rentabilidad económica a largo plazo provoca la ausencia de empresas privadas que realicen inversiones importantes y a largo plazo. Dado que la inversión estatal es insuficiente, la necesidad de atraer capital privado crece sustancialmente en importancia (los modelos actuales caminan hacia una estrategia asset-light, donde la eficiencia es clave para liberar cash flow para inversiones).
Por último, la falta de organización y la opacidad se agravan ante la ausencia de un regulador único que supervise la actividad, consolide la información del sector, dé transparencia al mismo y asegure las inversiones. En la actualidad existen modelos probados (Ofwat, en Reino Unido; Ersar, en Portugal) con distinto régimen de competencias: desde una función de observatorio y supervisión (Ersar) hasta la fijación efectiva de las tarifas (Ofwat).
La reordenación del sector alrededor de un regulador permite impulsar la sostenibilidad económico-financiera del sector, fomentar la transparencia y apertura del mismo y crear un sector socialmente más justo y equilibrado con un beneficiario claro: el consumidor final. Asimismo, consideramos que sobre la base de esta nueva configuración y fijando las necesidades para una convergencia tarifaria (water pays for water only), se aportarían múltiples beneficios: garantía de sostenibilidad del sector mediante la mejora en eficiencia a través de sinergias operativas y de inversión; control de los niveles adecuados de servicio y calidad; refuerzo de la regulación que permita la viabilidad tarifaria; recuperación de los costes y la transformación de las ganancias en eficiencia para el consumidor final; facilitar el acceso de inversores privados, y eliminar la opacidad del sector.
El potencial del sector en España es muy significativo, pudiendo alcanzar con el nuevo modelo mejoras de eficiencia de la inversión de entre un 3% y 5% (dentro del contexto del Plan de Calidad del Agua podría implicar un ahorro entre 700 y 1.000 millones de euros).
En este escenario, en el que no se cubren los costes ni se tiene transparencia sobre las deficiencias económicas y estructurales del sector, cada día cuenta para tapar las goteras de un sector imprescindible para la vida diaria. La reconfiguración del sector del agua se ha convertido en una prioridad.
Gustavo Lopes da Silva es socio de Roland Berger Strategy