Industria instó la renuncia a Castor para ahorrar costes al sistema del gas

El BEI o, en su caso, todos los bonistas, deben autorizar el abandono del 31 de julio. Los consumidores deberán pagar 1.600 millones.

Almacén de gas Castor.Reuters

El Ministerio de Industria remitió ayer un comunicado en el que reconocía haber recibido una notificación de la sociedad Escal (en la que ACS tiene un 66,7% del capital y la canadiense UGS, el resto) anunciando su intención de renunciar a la concesión de la explotación de almacén subterráneo de gas Castor, tal como adelantó CincoDías. Según Industria, no se trata de una decisión definitiva, ya que previamente la propietaria de la instalación debe recibir la autorización del Banco Europeo de Inversiones (BEI), como principal bonista de Castor, y, en su caso, de la asamblea del resto de titulares de bonos. Aunque el BEI tiene la última palabra, quiere dársela también al resto de bonistas.

Estos, que son acreedores de más de 1.400 millones de euros (de los cuales, 300 millones corresponden al BEI), deberán tomar una decisión antes del 31 de julio. Una vez logrado el acuerdo, Escal podrá presentar la renuncia definitiva ante Industria, según el derecho que le concede el real decreto de 2008 que estable el contrato y la concesión del proyecto. Y, aunque el ministerio tiene otros tres meses de plazo, todo apunta a que tomaría una decisión de inmediato.

De hecho, según fuentes conocedoras del proceso, ha sido el propio departamento que dirige José Manuel Soria, el que instó a Escal a pedir la renuncia del malhadado almacén que el Gobierno no está dispuesto a poner en marcha, tras los seísmos que se produjeron en las costas de Castellón inducidos por las primeras inyecciones de gas de la planta el pasado otoño. Por un lado, el ministerio era conocedor de la cláusula de un real decreto de 2012 que establecía que, si la instalación no entraba en funcionamiento antes del 30 de noviembre, la sociedad entraría en default y se ejecutarían los avales. El BEI y ACS son los garantes de los bonos, el primero, por 200 millones, y el segundo, por el resto.

Además, una vez elaborada la auditoría de costes de Castor, que certificó una inversión superior a los 1.400 millones, el ministerio estaba obligado a retribuir su inversión, aunque provisionalmente en tanto se incorpora definitivamente al sistema. También a sufragar los costes de mantenimiento de una planta que sigue preparada para entrar en funcionamiento, que rondan el millón de euros al mes, y a soportar una inversión con un elevado coste financiero derivado de la incertidumbre del proyecto.

Al lograr que la planta revierta al Estado, el coste para este será menor, pues solo pagará los gastos de un mantenimiento mínimo para evitar su deterioro y no tendría que ser retribuida por funcionar. De hecho, fuentes del sector aseguran que la reforma del gas que ultima el ministerio, que sigue estando condicionada por la solución que se dé al almacén, costará menos si se mantiene suspendido que si entra en funcionamiento.

Sea como fuere, el sistema (esto es, los consumidores) deberá hacer frente a los 1.600 millones que ha costado Castor:además de los 1.400 millones auditados, otros 200 millones por los gastos extraordinarios que asumió ACS hace dos años al ser modificado el sistema de financiación de la inversión, que dio paso a los bonistas. Todo apunta a que Industria optará por una solución similar a la moratoria nuclear de los años ochenta, cuando se cerraron cinco centrales nucleares en construcción. Las empresas afectadas cobraron su inversión que aún pagan con intereses los consumidores en el recibo de la luz. El Estado podría titulizar la deuda de Castor con el aval del Estado, con unos intereses más bajos que los que paga actualmente, y cobrárselo en un plazo a determinar (15 o 20 años), en el recibo de la luz.

Pero, mientras las nucleares se clausuraron definitivamente, el Gobierno deja la puerta a que Castor pueda entrar en funcionamiento en algunos años.

El almacén pasaría a la SEPI o a Enagás

El Ministerio de Industria mantiene suspendida la actividad de Castor desde el pasado mes de octubre y ha dejado claro que no tiene intención alguna de levantar dicha suspensión. Y aunque la solución pactada es devolver la inversión a sus promotores, ACS y la canadiense UGS a través de la sociedad Escal, previa renuncia de esta a la concesión que tenía por 25 años, el ministerio no va a desmantelar Castor.

Por un lado, porque esta solución costaría unos 200 millones de euros y porque Industria no pierde la esperanza de que los estudios científicos que ha solicitado puedan corroborar que la reanudación de la actividad de la planta no conlleva riesgos. Además, el ministerio considera que para desmantelarlo ya habrá tiempo y otros Gobiernos que tomen esta decisión.

De momento, el polémico almacén, el mejor del sistema en cuanto a su capacidad de extracción, según los técnicos, seguirá en pie, y no es necesario para el sistema dada la sobrecapacidad provocada por la crisis de la demanda.

¿Pero quién se ocupará de su mantenimiento aunque sea mínimo una vez que revierta al Estado? Fuentes del sector aseguran que el ministerio estaría pensando “en alguna empresa de la SEPI o en el operador del sistema, Enagás” para que se ocupen de dicha función.