Expediente por ayudas de Estado a Irlanda, Holanda y Luxemburgo

Bruselas investiga los privilegios fiscales de Apple y Starbucks en la UE

El comisario de la Unión Europea, Joaquín Almunia.
El comisario de la Unión Europea, Joaquín Almunia. EFE

La investigación de la Comisión intentará comprobar si los acuerdos impositivos alcanzados por Irlanda, Holanda y Luxemburgo con Apple, Starbucks y Fiat suponen una ayuda de Estado encubierta e ilegal. De confirmar sus sospechas, Bruselas podría exigir la anulación de esos acuerdos e, incluso, reclamar a los tres países la recuperación de la ayuda considerada ilegal.

La ofensiva de la CE contra la elusión fiscal de las multinacionales llega tras más de un año de investigación informal por parte del departamento de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia. La intervención, según reconoce la Comisión, es fruto de los recientes escándalos mediáticos sobre la mínima carga fiscal que soportan algunas grandes compañías, unos privilegios que han llamado más la atención en un clima de ajustes y recortes.

“En estos tiempos de estrecheces presupuestarias”, señaló Almunia, “resulta especialmente importante que las grandes multinacionales paguen los impuestos que les corresponden”.

Bruselas sospecha que algunas de esas compañías han disfrutado de un trato de favor en ciertos países europeos, lo que les permite reducir su factura fiscal en el conjunto del continente. En concreto, el departamento de Almunia acusa a Irlanda de conceder un trato fiscal muy ventajosos a Apple; a Holanda de hacer lo mismo con Starbucks; y a Luxemburgo de beneficiar a Fiat Finance and Trade, instrumento financiero de la automovilística italiana.

La apertura de esos tres expedientes marca el inicio de otras tantas investigaciones en profundidad que pueden tardar varios meses o años en concluir. Pero Almunia, cuyo mandato expira el próximo 31 de octubre, se mostró convencido de que su sucesor o sucesora continuará con la tarea. “La dirección general de Competencia no se para porque cambie el comisario”, señaló Almunia, quien asumió esa cartera en febrero de 2010.

El comisario tampoco descarta que la ofensiva se amplíe en los próximos meses. Por un lado, Bruselas tiene en el punto de mira a multinacionales como Google, que también parecen haber alcanzado acuerdos similares a los de Apple con las autoridades de Hacienda de los países con tipos de imposición más bajos.

Y por otro lado, el departamento de Almunia está revisando la legislación de varios países para comprobar si, en alguno de ellos, no se están ofreciendo de modo generalizado ventajas fiscales incompatibles con las normas europeas sobre ayudas de estado. Entre los países afectados figuran Bélgica y Reino Unido (por Gibraltar).

En los tres expedientes abiertos, la investigación de la Comisión se centra en el cálculo de la base imponible de Apple, Starbucks y Fiat Trade and Company. Las autoridades de sus principales domicilios fiscales habrían aceptado un cálculo de las relaciones entre matriz y filial que no se correspondería a la realidad del mercado, lo que permite a las multinacionales reducir su factura fiscal en los países con tipos de imposición más alto y declarar los beneficios de manera ventajosa en Irlanda, Holanda o Luxemburgo.

Estratagemas

Pero no se trata de la única estratagema que ha llamado la atención de Bruselas. La CE también sospecha que algunos países aprovechan algunos incentivos fiscales destinados a fomentar el I+D (investigación y desarrollo) para ofrecer una rebaja impositiva a las multinacionales.

Uno de esos mecanismos es la rebaja impositiva para los ingresos derivados de patentes. Una ventaja que, según la Comisión, está siendo explotadas por empresas que apenas dedican recursos a la investigación. Luxemburgo, que no es conocido como centro tecnológico, introdujo en 2008 esa ventaja, con una reducción del 80% sobre los beneficios derivados de la propiedad intelectual.

 

Luxemburgo se niega a colaborar con Almunia

Aunque sea a regañadientes, los Gobiernos suelen colaborar con las investigaciones de la CE sobre ayudas de Estado, entre otras cosas, porque están obligados según la normativa comunitaria en vigor. Luxemburgo, sin embargo, se ha negado a facilitar todos los datos reclamados por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, para comprobar la legalidad del tratamiento fiscal que concede a las multinacionales. “Luxemburgo nos ha dado muy, muy poca información, y de escasa calidad”, lamentó ayer Almunia. En consecuencia, el comisario ha iniciado un expediente contra el Gran Ducado que podría acabar ante el Tribunal de la UE. Luxemburgo se ha negado a dar detalles sobre los acuerdos bilaterales con esas compañías. Y tampoco ha facilitado el listado de las empresas más beneficiadas por las deducciones ligadas a la propiedad intelectual.