Editorial

Una Europa sin privilegios fiscales ilegales

La ofensiva lanzada por la Comisión Europea para investigar los privilegios fiscales otorgados a multinacionales en algunos países ha tenido como primera consecuencia práctica la apertura de expedientes a tres Estados: Irlanda, Holanda y Luxemburgo. Todos ellos serán investigados por Bruselas para averiguar si los acuerdos alcanzados con Apple, Starbucks y Fiat, respectivamente, constituyen una ayuda de Estado encubierta e ilegal. De comprobarse ese extremo, la CE podría exigir la anulación de esos acuerdos e incluso reclamar la recuperación de las ayudas declaradas ilegales.

 

La iniciativa llevada a cabo por Bruselas no constituye una sorpresa, sino el corolario de más de un año de investigación informal llevada a cabo por el departamento de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia. Pese a ello, desde la CE se reconoce que la intervención es fruto también de los recientes escándalos mediáticos sobre la mínima factura fiscal que pagan en muchas ocasiones las grandes compañías. Un privilegio difícil de explicar, especialmente en una Europa que ha tenido que apretarse el cinturón en sucesivos recortes y severas medidas de ajuste a lo largo de la crisis. A ello se suma la presión de Bruselas para que las economías comunitarias alcancen sus respectivos objetivos de equilibrio fiscal. Como recordaba ayer Almunia, en tiempos de estrecheces presupuestarias “resulta especialmente importante que las grandes multinacionales paguen los impuestos que les corresponden”. No en vano, en el marco de la investigación abierta por la CE, el término ilegal juega un papel clave, dado que no se trata de decisiones regladas de política fiscal que pretendan favorecer la inversión extranjera, sino de supuestos acuerdos adoptados al margen –y en contra– del marco legal. Pese a ello, Bruselas está revisando también la legislación en vigor en varios países para comprobar si en algunos de ellos se están ofreciendo ventajas fiscales incompatibles con las ayudas de Estado.

Las sospechas de Bruselas apuntan a que esa presunta discriminación positiva en materia tributaria permite a las multinacionales reducir su factura fiscal conjunta en Europa. Ello no solo constituye una violación de la legislación comunitaria, sino un seria ventaja competitiva para las grandes corporaciones internacionales en detrimento del resto de las empresas. En el punto de mira de las investigaciones de la CE figuran otras multinacionales, como es el caso de Google. Se trata de una tarea compleja, dada la relevancia de estos grupos empresariales, pero también de una oportunidad para que Europa deje claro que la igualdad ante la ley y el sistema de libre mercado son imperativos legales en la UE y, como tales, deben ser firmemente defendidos y acatados.