Cómo se imparte y controla la formación de ocupados
Para empezar, ¿de dónde sale esta financiación? El dinero para formar a trabajadores ocupados y desempleados se extrae fundamentalmente de la cotización por formación que pagan todos los asalariados en sus nóminas y los empresarios que les emplean. En concreto, esta cotización es del 0,7% de la base reguladora del trabajador, y la costea el 0,6% el empleador y el 0,10% el trabajador. Si bien también puede completarse con ayudas del Fondo Social Europeo, o dotaciones presupuestarias de las Administraciones. Esto supone actualmente una recaudación aproximada de 1.800 millones de euros anuales. De los cuales aproximadamente la mitad se destinan a formar a trabajadores ocupados y la otra mitad a desempleados.
Así, el pasado año, según las cifras oficiales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo –órgano que reúne a la Administración, la patronal y los sindicatos– se destinaron 953 millones de euros para financiar cursos de formación exclusivamente para trabajadores ocupados, dos millones más que el año anterior. Con este dinero se dio formación a 2.384.069 trabajadores –y se impartieron 3,2 millones de acciones formativas, ya que cerca de un millón recibieron más de una acción–.
¿Quien imparte estos cursos? De los citados 953 millones, un total de 575 millones se destinaron el pasado año a las empresas para que, a través de un sistema de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, financiaran la formación que dieron a sus empleados. Es la denominada formación de demanda.
A través de esta partida, 478.621 empresas –el 30% de las inscritas en la Seguridad Social– promovieron algún tipo de curso para alguno de sus empleados. Las más activas fueron las grandes empresas de más de 250 trabajadores, ya que nueve de cada diez formaron a su plantilla. Mientras que solo una de cada cuatro micropymes de entre 1 y 9 trabajadores lo hizo.
Para impartir estas acciones formativas las empresas tienen total libertad a la hora de contratar a los formadores.
Si bien la liquidación de estas bonificaciones para financiar los cursos corren a cargo de la Fundación Tripartita. Sus responsables no tienen competencias de control –que corresponde a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)–. Pero los técnicos que llevan a cabo las liquidaciones, cuando observan alguna irregularidad, dan la alarma a la Intervención de la Seguridad Social o a los funcionarios del SEPE para que levanten acta si existe infracción.
De hecho, fuentes de la Administración admiten que en estos casos sigue habiendo “picaresca”, cuando las denominadas Entidades Organizadoras de Formación ofrecen a pymes que sus trabajadores participen en algún curso a cambio de incluir en la factura de formación algún regalo para el empresario. Este tipo de prácticas, “cada vez menos frecuentes”, según estas fuentes, son las que detecta la Fundación Tripartita y traslada a las autoridades laborales.
La polémica libre concurrencia
Además, esta Fundación también gestiona y colabora en el control de otra partida para la formación, que en su mayoría imparten las asociaciones patronales y sindicales. Se trata de las subvenciones de las convocatorias estatales para formación de ocupados. El pasado año, dicha partida ascendió a 181,4 millones, de los que aproximadamente el 30% está abierto a la libre concurrencia –pueden optar a su impartición los centros privados acreditados en lugar de los centros de empresarios y sindicatos–. La Tripartita también hace la liquidación de estos cursos y colabora en su control. En total, en 2013 gestionó 756,4 millones.
A esta cantidad se suman otros 112 millones para la formación de ocupados que gestionan y controlan los gobiernos de las comunidades autónomas. Así como la gran parte de los cerca de mil millones para formar desempleados. Cada comunidad tiene sus mecanismos de liquidación y control. Además, Empleo ha intensificado la rendición de cuentas de la partida para formar parados, vinculando el reparto de estos fondos a la consecución de resultados.
Nuevo modelo antes del verano
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social lleva varios meses negociando con patronal y sindicatos el diseño de un nuevo modelo de formación para el empleo. La intención del Gobierno es tener el nuevo sistema acordado antes del verano. Si bien fuentes de la negociación aseguran que las posturas “aún están muy distantes” y o bien se produce algún cambio significativo o el Ejecutivo podría optar por aprobar el nuevo modelo por decreto, añaden estas fuentes.
Todo apunta a que el Gobierno pretende abrir al sector de los centros privados de formación toda la partida presupuestaria de la oferta estatal de formación a ocupados que ahora mismo solo está abierta en un 30% a la libre concurrencia. Ahora de los 181 millones a los que ascendió esta partida en 2013, unos 53 millones podían ser impartidos por centros privados y el resto por asociaciones patronales y sindicales. La CEOE, por su parte, exige gestionar toda la cuota formativa, algo que rechazan sindicatos y Gobierno.
De145 a 2.472 euros por alumno
¿Cuál es el coste de una acción formativa subvencionada para un ocupado? Depende de las horas de formación, si es presencial, a distancia o mixta y de la entidad de la acreditación. En la formación que promueven las empresas, las subvenciones oscilan entre los 9,9 euros por hora y participante de formación presencial y los 5,3 euros por hora y participante de los cursos de teleformación. En cantidades absolutas oscilan entre 145 y 290 euros por trabajador.
Los costes de la formación de oferta a ocupados que imparten en su mayoría las patronales y los sindicatos –y en un 30% del presupuesto por centros privados acreditados– oscila en una horquilla mayor. Esta va desde los 2.472 euros de media que cuesta un curso reglado y presencial con prácticas empresariales para un joven (que supone unas 324 horas formativas)y los 497 euros de una formación mixta (de 63 horas formativas). Así, estos costes por hora oscilan entre 9,4 y 4,5 euros, respectivamente.