Los trabajadores de la planta de Fuenlabrada rechazan la oferta de Coca-Cola
Visto para sentencia. Así ha concluido esta tarde el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la impugnación del ERE en Coca-Coca Iberian Partners en el que estaban implicados 1.191 trabajadores y supuso el cierre de cuatro plantas. En un plazo máximo de quince días se conocerá la sentencia.
Como ya había adelantado la compañía, antes del juicio el embotellador intentó llegar a una solución consensuada con los 235 despedidos de la planta de Fuenlabrada. La oferta planteada por la empresa pasaba por la recolocación de los trabajadores algunos de los siete centros repartidos por España. En el comunicado enviado por Iberian Partners, la compañía “reitera así su compromiso de completar el proceso reorganizativo sin que haya un solo despido forzoso y apostando por un plan de movilidad al que se ha apuntado ya con éxito un 10% de la plantilla”.
De los 1.191 afectados por el ajuste, 372 empleados se han acogido al plan de recolocación planteado por la compañía una vez concluido el periodo de consultas, del que no consiguió acuerdo alguno. Los empleados que se acogieron al plan de adhesión voluntaria para su reubicación en otro centro han recibido una compensación por traslado de 15.000 euros más una ayuda de 500 euros al mes para vivienda durante dos años. El plan de adhesión lo completan 259 bajas incentivadas de 45 días por año trabajado con un límite máximo de 42 mensualidades más 10.000 euros adicionales y 322 prejubiliciones para trabajadores mayores de 56 años a lo que se les garantiza el 80% del salario neto hasta los 63 años.
En la nota difundida por la compañía, Iberian Partners resalta que la compañía ha vuelto a tomar la iniciativa y achaca a los sindicatos su falta de compromiso para llegar a una solución consensuada.
Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han señalado a la salida del juicio que la empresa no ha podido demostrar que concurren las causas para proceder al despido colectivo, al tiempo que han señalado que la compañía ha incumplido el procedimiento del ERE puesto que “no se daban las condiciones” para materializar un despido colectivo de grupo, teniendo en cuenta que se trata de varias empresas.
Desde CSI-F han considerado que la compañía ha aprovechado las circunstancias para acometer un despido “injustificado”, por lo que han confiado en que el procedimiento se declare nulo e improcedente.
