Editorial

Eficacia en la lucha contra el paro juvenil

El hecho de que, de los 6.000 millones de euros que integran la llamada Garantía Juvenil –el plan de la Comisión Europea para luchar contra el paro en este segmento–, un total de 1.800 millones vayan a parar a España constituye un recordatorio elocuente del gravísimo problema que arrastra nuestra economía en esta materia. Sorprendentemente, y cuando falta solo mes y medio para que entren en vigor las ayudas, son muchas las incógnitas que restan por despejar en torno a ellas, como reconocieron ayer representantes de todas las fuerzas políticas en un desayuno informativo organizado por la Fundación Bertelsmann.

Con un desolador panorama de desempleo que afecta a seis de cada diez jóvenes, España ostenta el triste récord de ser la segunda economía europea con mayor tasa de paro juvenil, solo superada por Grecia. El plan de ayudas diseñado por Bruselas, inspirado en una experiencia de éxito que se aplicó en Suecia a mediados de los ochenta, otorga a los jóvenes beneficiarios la posibilidad de acceder a un empleo, unas prácticas o una mayor formación durante un plazo máximo de cuatro años tras la finalización de sus estudios. Ello supone que el programa está orientado a apoyar lo que sociológicamente se denomina el colectivo nini, es decir, jóvenes que no estudian, pero que tampoco tienen un trabajo.

El montante económico de la Garantía Juvenil no es comparable a la gravedad del problema que pretende atajar, pero no hay duda de que ni uno solo de esos 1.800 millones de euros puede malgastarse o desperdiciarse. Dada la premura del plazo que resta para comenzar a solicitar las ayudas, resulta urgente que se aclaren aspectos que ya deberían ser públicos y cuya indefinición puede retrasar –o incluso hacer fracasar– el propósito del plan. Es el caso de qué organismos son competentes para adjudicarlas, así como cuáles son los mecanismos de acceso y los requisitos mínimos para poder optar a ellas.

La incógnita más acuciante, sin embargo, tiene que ver con los criterios que se utilizarán para distribuirlas. La tasa de paro de las diferentes regiones españolas es un parámetro razonable a tener en cuenta, pero todavía lo es más el potencial de crecimiento y competitividad que ofrecen los diferentes sectores de nuestra economía. España tiene como una de sus asignaturas pendientes el diseño de un nuevo modelo productivo, con capacidad para comenzar a generar el enorme caudal de puestos de trabajo que nuestra economía necesita y estimular de forma sostenible la competitividad. Ese es el esquema que ha de primar al aplicar unos fondos europeos que no solo deben proporcionar una ayuda coyuntural a los jóvenes, sino también contribuir a construir un futuro que les ofrezca oportunidades.