Nuevo régimen sancionador

CiU y PP ultiman un pacto para sancionar a las empresas morosas

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, conversa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, conversa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La lucha de los proveedores para evitar que las administraciones públicas y las empresas incumplan los plazos de pago puede saldarse el martes con una importante victoria. Tras lograr que Hacienda ya trabaje en un mecanismo para evitar que las Administraciones no paguen más allá de 30 días (abonará las facturas y luego recuperará el importe pagado detrayendo el dinero de las transferencias a autonomías y ayuntamientos), ahora están dispuestos a establecer un mecanismo similar para el sector privado, que en ningún caso debe superar los 60 días (a finales de 2013 lo hacía a una media de 85 días)

Y para ello, las empresas se han servido de CIU, que el pasado 24 de enero registró en el Congreso una proposición de ley, que recogía casi en su integridad el régimen sancionador diseñado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a 1,5 millones de empresas y 4 millones de trabajadores. En él se establecían sanciones de hasta 900.000 euros para las infracciones muy graves y hasta el cierre por un año en caso de acumular tres infracciones muy graves. La única diferencia es que la proposición establece una serie de bonificaciones en las sanciones, siempre y cuando se corrijan los impagos. Así, desde la entrada en vigor de la ley, los que salden sus deudas en los primeros seis meses se librarán de la sanción y los que lo hagan entre el sexto y el decimosegundo mes lograrán una bonificación del 80%. Este umbral bajará al 50% si se salda durante el segundo año de entrada en vigor de la ley y del 20% en el tercer año.

Datos y cifras

El Ejecutivo ha gastado 42.000 millones en los sucesivos planes de pago a proveedores para enjugar la deuda que las administraciones públicas han ido acumulando con los proveedores hasta el 31 de mayo de 2013. Hacienda ultima el mecanismo para que los proveedores cobren sus facturas impagadas del sector público en un máximo de 30 días. Algo difícil de creer ya que el pasado ejercicio lo hacían a 111 días y que hasta febrero, la deuda autonómica ya sumaba otros 3.000 millones.

Ahora, lo que queda por dilucidar es el sentido del voto del Partido Popular, con mayoría en el Congreso. Desde el grupo parlamentario del PP prefieren no desvelar el sentido del mismo, aunque fuentes cercanas a la negociación revelan que finalmente apoyará la propuesta. Los votos de PPy CiU serían suficientes para sacarla adelante, aunque el resto de grupos también la apoyaría. Una vez superado este trámite, el siguiente sería su estudio y posterior aprobación en una Comisión y es aquí donde puede sufrir modificaciones sustanciales el texto, a través de las enmiendas que se presenten. En una cumbre celebrada el pasado mes de noviembre, el portavoz de la Comisión de Economía, Vicente Martínez Pujalte, se mostró dispuesto a apoyar la creación de un régimen sancionador, aunque añadió que no creía que se debiera tratar de la misma forma un impago entre empresas de diferente tamaño (la grande suele imponer sus condiciones a la pequeña) que de igual tamaño.

Las mayores presiones para la aprobación de este régimen sancionador proceden de las empresas más grandes que, tradicionalmente, han aprovechado su posición de dominio frente a las pymes para imponer plazos de pago a través del pacto entre partes. Una figura que desapareció en 2010 con la nueva Ley de Morosidad y que las grandes compañías estarían tratando de recuperar, aunque fuera de forma parcial, para garantizarse cierta flexibilidad a la hora de abonar sus facturas, lo que les proporciona cierta holgura financiera en momentos de falta de liquidez.

Los proveedores empiezan a denunciar ante la UE

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad siempre ha contado con el apoyo de Bruselas en la lucha contra la lacra de la morosidad en España. De hecho, los nuevos plazos que rigen para los pagos a proveedores del sector público desde el 16 de marzo de 2013 (60 días para las empresas y 30 para las administraciones públicas) se han producido por la trasposición de la directiva europea sobre plazos de pago, cuyo principal objetivo es acabar con la morosidad en los pagos a las pymes en la Unión Europea.

La entrada en vigor de esos plazos no comporta el cumplimiento de los mismos y consciente de ello la Comisión Europea ha habilitado un buzón de denuncias para que los proveedores que sufrieran retrasos en sus pagos pudieran comunicárselos a la Comisión Europea. Este sistema garantiza el anonimato de los denunciantes y evita futuras represalias.

La Plataforma, que agrupa a 1,5 millones de empresas, siempre se ha mostrado dispuesta a denunciar, aunque nunca lo había hecho por no enfrentarse directamente con el Ministerio de Hacienda y con el Ejecutivo, dos piezas fundamentales en la tramitación de las distintas iniciativas que han puesto en marcha desde 2010.

Ese clima de entendimiento, sin embargo, se rompió a finales de abril, fecha en la que la Plataforma interpuso una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea para que esta actúe de oficio contra España y obligue a las Administraciones Públicas a pagar en los plazos previstos y cumplir la normativa europea. Se trata de la primera denuncia de este tipo y lanza un mensaje de advertencia al Ejecutivo para que acelere la vigilancia contra los impagos.