Tasa Tobin: por qué el sector financiero maneja un escenario apocalíptico
Los operadores de los mercados financieros europeos están en pie de guerra ante el proyecto aceptado por diez países de la Unión Europea de establecer un impuesto a las transacciones financieras. Consideran que supone una amenaza directa a su negocio, puesto que la contratación –y con ello los ingresos– se desplazaría a aquellas plazas libres de ese impuesto, con especial beneficio para Londres frente a otros parqués como Fráncfort, París, Milán o Madrid, capitales cuyos países sí prevén adoptar lo que ya se conoce como tasa Tobin.
El proyecto ha rebajado notablemente sus pretensiones desde la idea inicial, de modo que la aspiración es aplicar el impuesto únicamente a las acciones y los derivados sobre acciones –dejando fuera los voluminosos mercados de deuda y de divisas–, aunque con la salvaguarda de que se aplicará a los títulos en función de su lugar de origen, no de negociación. Es decir, el impuesto gravaría igualmente una acción emitida por una compañía española, aunque se negociara en Londres.
Desde BME, el holding de los mercados españoles, denuncian que “el impuesto no es precisamente una ayuda para que las fórmulas de financiación a través de los mercados ganen adeptos”, aunque el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntara ayer la posibilidad de que se establecieran limitaciones en función de la capitalización bursátil –como rige en el impuesto francés ya en vigor–, lo que liberaría a las empresas más pequeñas y a mercados como el MAB.
En BME insisten en que esta nueva regulación se antoja “extraña, cuando no producto de una urgencia o una improvisación que puede tener más que ver con un cálculo exclusivamente político que con otra cosa”. Fuentes financieras descartan incluso que llegue a salir adelante, una vez se celebren las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Y critican además que diez países vayan a tomar una iniciativa de calado fiscal sin contar con el resto, justo cuando se aúnan energías para poner en marcha un proyecto común como la unión bancaria.
Apoyan sus críticas con el argumento de que el impuesto a las transacciones financieras tendría un efecto económico en cascasa de tintes casi apocalípticos. Su puesta en marcha supondría una caída en la negociación y en la liquidez de los valores, que se traduciría en caídas de las cotizaciones, en un coste para el sector que sería absorbido por el cliente y que, en última instancia, derivaría en un aumento del coste de financiación para empresas y Estados.
Un informe de la Asociación de Mercados Financieros en Europa (AFME) encargado a la consultora Oliver Wyman y publicado hace menos de un año estima un descenso de los flujos de transacciones de entre 30.000 y 50.000 millones de euros como resultado del impuesto, que prevé recaudar un importe de alrededor de 35.000 millones. En consecuencia, las empresas de servicios financieros y de inversión tendrían que hacer frente a unos costes anuales entre 8.000 y 10.000 millones de euros. Por otra parte, los gobiernos asumirían un impacto de entre 15.000 y 20.000 millones de euros por el aumento en los costes de financiación y, por último, los inversores sufrirían un descenso del valor de sus inversiones de entre el 4% y el 5%.
Otro de los informes que maneja el sector prevé un impacto aún mayor. Elaborado por London Economics para la Corporación City of London y publicado en noviembre, apunta que la tasa Tobin tendría un impacto en el ahorro de los hogares españoles de 79.000 millones de euros –y de 150.000 millones en los alemanes–, equivalente a una pérdida de valor del 16% de la cartera y a una caída del PIB del 0,5%. Un precio demasiado alto para una tasa del 0,1% como para pensar en una motivación puramente electoralista.
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