El acuerdo de BCN World limita el uso de dinero en metálico para evitar blanqueo
Artur Mas y Pere Navarro (PSC) escenificarán este domingo el acuerdo Los empresarios habían reclamado responsabilidad a los partidos para asegurar la inversión
El acuerdo firmado por CiU y PSC para impulsar BCN World prevé medidas para evitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en el macrocomplejo de ocio, limitando el uso de dinero en efectivo y controlando el acceso de los clientes al crédito y las transferencias internacionales de fondos.
Esas medidas figuran entre la veintena de puntos del acuerdo marco para la aprobación de la ley del centro turístico BCN World que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el líder del PSC, Pere Navarro, han firmado hoy en Tarragona, documento al que ha tenido acceso Efe.
De esta forma, el proyecto del BCN World quedará regulado por la aprobación de la ley que han pactado CiU y PSC y su seguimiento quedará en manos de un grupo de trabajo bilateral, presidido por el secretario general del Departamento de Presidencia, Jordi Vilajoana, y por el diputado tarraconense del PSC Xavier Sabaté, según consta en uno de los acuerdos anexos del proyecto al que también ha tenido acceso Efe.
El documento que hoy han suscrito Mas y Navarro pretende regular tanto la financiación de las empresas que operan como el funcionamiento de las actividades de juego, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales.
Por ese motivo, establece la necesidad de una “intermediación en las actividades de juego” para controlar las transferencia de fondos internacionales y “garantizar su realización con el mayor nivel de seguridad y simplicidad posibles”.
El acuerdo prevé medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa en blanqueo de capitales y fraude fiscal, “limitando el uso de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera”, y estableciendo mecanismos de control del crédito que se otorga a los clientes.
El acuerdo, que también fija un incremento de las sanciones previstas para los casinos y centros de apuestas, define las inversiones mínimas y los puestos de trabajo por las empresas que participen en el proyecto, que deberán entregar una “memoria detallada de los sistemas previstos de admisión y control de jugadores y un manual de blanqueo de capitales que demuestre el origen lícito de los fondos de financiación”.
La ley establecerá que las aportaciones de los operadores de BCN World “no serán inferiores al 1% de la inversión realizada” y que se dedicará “a programas sociales (calidad de empleo, formación, prevención del juego, etcétera) y a actuaciones en el territorio (patrimonio cultural, etcétera)”.
Asimismo, las modificaciones urbanísticas que exija BCN World se reordenarán mediante “un plan director urbanístico, que se ceñirá a los límites que marcan el plan territorial parcial del Camp de Tarragona, el plan del sistema costero, el PEIN y el catálogo del paisaje”.
Respecto a la tasa turística de los hoteles del macrocomplejo asociados a los usos de juego, será “la máxima aplicable según la legislación vigente”, añade el documento.
El grupo de trabajo bilateral que supervisará el desarrollo del proyecto “se reunirá de manera flexible” para proponer fórmulas para aplicar el acuerdo y está previsto que el grupo parlamentario del PSC participe “en los trabajos de redacción del plan director urbanístico que debe reordenar el ámbito, clasificando y calificando el suelo y fijando los parámetros urbanísticos”.
Ese grupo de trabajo también se encargará de establecer el destino de las aportaciones de al menos 1% que deberán hacer las empresas y de definir la fórmula para garantizar “las cláusulas sociales que garanticen la subcontratación de servicios a través de centros especiales de trabajo y empresas de inserción”.
El acuerdo se acompaña de una “propuesta de compromisos generales” entre el Gobierno catalán y el PSC para “potenciar la industria como sector clave para la salida de la crisis y motor de la reactivación económica de Cataluña”.
Esos compromisos, de cuyo seguimiento se encargará también una comisión bilateral Govern-PSC, incluyen la obligación de que la Generalitat concentre “sus líneas crediticias e inversoras hacia el fomento de la actividad productiva” y la potenciación de los centros tecnológicos.
También figura entre esos compromisos el fomento de la marca Catalunya, un plan de trabajo para el regreso de los jóvenes talentos emigrados de Cataluña, así como la aceleración de la construcción del Corredor Ferroviario del Mediterráneo y de los accesos viarios y ferroviarios a los puertos de Barcelona y Tarragona.
Respecto a la gestión aeroportuaria, el acuerdo trabajará por una mayor participación del Govern y las administraciones en el aeropuerto de Barcelona y por el traspaso de los de Girona, Reus y Sabadell a la Generalitat.