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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El balance fiscal no admite complacencia

Los datos sobre el comportamiento de la economía que se suceden en las últimas semanas van ajustándose como una sortija al anular de una dama para fraguar un buen argumentario en defensa de las políticas del Gobierno (reformas, subidas de impuestos, recortes de gastos), apuntadas en muchos casos por las autoridades comunitarias y sostenidas siempre por la estrategia monetaria y fiscal del Banco Central Europeo (BCE). El crecimiento económico ha entrado en valores positivos antes incluso de lo recogido en las previsiones más optimistas, el empleo ha empezado a responder, la inflación sigue pegada al cero como una lapa para recomponer la competitividad productiva y la renta de los agentes económicos pese a la modestia de sus cambios nominales, y el saldo de los ingresos y gastos públicos ha entrado en una senda bastante virtuosa pese a la dificultad cíclica.

Con una caída del PIB de más del 1,2% en 2013, y tras un 2012 también contractivo en el que las expectativas de los agentes económicos cayeron hasta el umbral mismo del desasosiego financiero, las autoridades económicas han logrado mantener el pulso del ajuste fiscal. La reducción del saldo negativo ha sido modesta en términos cuantitativos; discreta para la exigencia que tiene una país como España que estuvo al borde del descrédito pleno en los mercados financieros. Pero el descenso de tres décimas, hasta el 6,62% del PIB, no es nada despreciable para lograrlo con un severo ajuste de la actividad económica en paralelo, y bien puede considerarse prácticamente logrado el objetivo pese a la desviación de 12 centésimas, de 1.200 millones de euros. Un análisis más cualitativo ofrece sensaciones más consistentes, con un descenso de dos puntos del déficit medido en términos estructurales, precisamente cuando la coyuntura jugaba más a la contra.

Tal circunstancia permite vaticinar que a igual rigor en el control de los recursos que entran en la caja y los que salen, un año como el actual y siguientes, con la economía en acción, puede convertirse en un descenso muy abultado del déficit, hasta antojarse fácil de gobernar para los gestores públicos. En 2014, el saldo negativo debe descender desde el 6,5% de 2013 (donde viajará con la revisión del PIB en los próximos meses) hasta el 5,8%, nada imposible. Nada imposible tampoco la exigencia para 2015, que puede incluso ser compatible con una reducción de los impuestos que ponga más renta disponible en manos de la ciudadanía y, si la cataloga como permanente, convertirla en un motor adicional de la demanda.

Pero las dos palancas que mueven el déficit y deben llevarlo hasta el 3% en 2016, ese nivel en el que en condiciones normales no se activa la deuda pública, deben ser manejadas con extrema sensibilidad. El éxito modesto logrado con las cuentas en 2013, que supone meter definitivamente en cintura algunas de las variables más resistentes a hacerlo, no debe generar una complacencia tal que suponga descuidar el control de los gastos, ni aplicar con excesiva alegría reducciones de impuestos en un país que si tiene un problema explícito en sus cuentas públicas está en el pobre nivel de los ingresos respecto al PIB generado. En 2013, el maná, el único que realmente ha posibilitado el cumplimiento de los objetivos, ha venido del coste de la financiación en manos del Tesoro; pero ha habido muy pocos progresos en el control de algunas partidas de gasto cuyo nivel sigue siendo excesivo, y en algunos programas en los que no se ha metido la tijera por temor político y electoral. La resistencia a llegar a los objetivos fijados en las comunidades autónomas y en la administración central, sobre todo en los programas de prestaciones casadas con derechos subjetivos, lo demuestra.

El mercado ha dejado claro que valora todos los esfuezos de consolidación fiscal que se pongan en marcha con mejoras en el coste de la financiación, y valora también los sacrificios hechos por los agentes económicos en la reducción de costes para recomponer los niveles de competitividad perdidos y maniatar los precios, que se mantienen planos (negativos incluso en marzo). No debe cejarse en el camino iniciado, y no debe entretenerse la voluntad reformista con los señuelos de carácter electoral que tradicionalmente convierten la gestión racional en ejercicios populistas que terminan saliendo muy caros.

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